La Secretaría de Energía impulsa una serie de cambios que eliminan regulaciones clave en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP), despertando preocupaciones sobre el impacto en los hogares más vulnerables. Los subsidios prometidos generan dudas sobre su efectividad y alcance.
El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, anunció este viernes la Resolución 15/2025, que modifica las normativas vigentes para desregular el mercado de gas licuado de petróleo (GLP). Estas medidas, que incluyen la eliminación gradual de los precios máximos regulados y la mayor libertad operativa para las empresas fraccionadoras, han generado cuestionamientos sobre su verdadero impacto en la economía familiar.
El texto oficial sostiene que el objetivo es transformar el mercado hacia un modelo «más competitivo, eficiente y sostenible», permitiendo que los precios se determinen bajo la oferta y la demanda. Sin embargo, esta promesa de eficiencia ha sido recibida con escepticismo por parte de diversos sectores que advierten sobre el riesgo de aumentos descontrolados en los precios de las garrafas, un recurso esencial para los hogares que carecen de gas por red.
Por otro lado, el Programa Hogares con Garrafas, que según el gobierno garantizará el acceso a precios diferenciales para los sectores de menores ingresos, también enfrenta interrogantes. Aunque el gobierno asegura que los subsidios continuarán para los hogares sin conexión de gas por red, no queda claro si la asignación de estos recursos será suficiente para cubrir la demanda creciente.
Finalmente, mientras el gobierno presenta estas medidas como un paso hacia la modernización del mercado de GLP, las críticas apuntan a los riesgos que esta desregulación podría implicar para los sectores más vulnerables, en un contexto de inflación persistente y desigualdad económica.