Greenpeace realizó una consulta popular durante tres meses y obtuvo un resultado contundente: la ciudadanía está de acuerdo con sancionar más duramente a los responsables de los desmontes ilegales y los incendios forestales.
La consulta popular organizada por Greenpeace para conocer la opinión de los argentinos sobre la penalización de la deforestación ilegal y los incendios forestales concluyó con una participación masiva y un apoyo abrumador. Más de 260.000 personas de todo el país votaron Sí a la propuesta de la organización ambientalista, que busca terminar con la impunidad de los que destruyen los bosques nativos.
La consulta se realizó entre el 10 de julio y el 10 de octubre, tanto en las calles con voluntarios de Greenpeace como mediante la plataforma votaporlosbosques.org. Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación, donde se espera que los legisladores escuchen el reclamo popular y avancen con la implementación de la medida.
“La gente dio un claro veredicto: hay que terminar con la impunidad de destruir bosques nativos y avanzar con su penalización. Esperamos que los legisladores escuchen el reclamo popular y avancen rápido con su implementación”, afirmó Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.
Esta mañana, la organización mostró el resultado de la consulta frente al Congreso Nacional con 60 voluntarios que desplegaron carteles formando un mosaico con el mensaje: “99% apoya penalizar la deforestación ilegal”.
Según un relevamiento de Greenpeace, entre enero y septiembre de 2023 se deforestaron 90.755 hectáreas en el Gran Chaco, un 21% más que durante el mismo período del año pasado. La deforestación provoca graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, como la pérdida de biodiversidad, el cambio climático, las inundaciones, las sequías, la desertificación, las enfermedades, los desalojos de indígenas y campesinos, y la pérdida de alimentos, medicinas y maderas.
“Resulta evidente que las multas económicas no son suficientes como sistema de disuasión. Cuando son bajas, los empresarios las incluyen como parte de los costos de producción; y cuando son altas ponen sus abogados para no pagarlas. Además, casi nunca se reforesta. Por otro lado, es claro que hay complicidad de muchos funcionarios en la violación de la Ley de Bosques”, señaló Giardini.
Greenpeace propone que se modifique el Código Penal para incorporar el delito de deforestación ilegal y se establezcan penas de prisión e inhabilitación para los responsables. Además, reclama que se cumpla con la Ley de Bosques, que establece un ordenamiento territorial y un fondo para compensar a las provincias que conservan sus bosques.
