Irene Pérez es salteña. En 2017 se mudó a México junto a su hijo de 10 años a quien no ve desde el 2021. Denunció que el padre del niño se lo llevó y con la complicidad de la justicia mexicana, no se lo quieren devolver.
Irene Pérez es salteña, en 2017 se mudó a México junto a su hijo de 10 años a quien no ve desde el 11 de abril de 2021, cuando el padre del niño, de quien está divorciada, se lo llevó con la excusa de pasar unas vacaciones y nunca más dejó siquiera que se comunicara por teléfono con la madre.
Antes de realizar el viaje, el menor fue diagnosticado con retraso madurativo en Argentina y luego con TDA en el país azteca. Ahí junto a su madre empezaron un régimen de estudios apoyados por la escuela pública mexicana. Primero vivieron en Temixco (Morelos) y luego se mudaron a Malinalco. Ella señaló que lo hizo “para salir de la situación de violencia y abuso por parte de la familia de mi ex marido Antonio Zamora Lechuga”.
En una carta que envió a CUARTO, Irene cuenta: “Desde que llegué en el 2017 he vivido un infierno por parte de mi ex y su familia. Tanto los profesionales, como la escuela argentina, me aconsejaron que mi hijo, para poder seguir sus estudios en una escuela normal, necesitaba continuar con las terapias que tenía en Argentina”. Luego señala: “Una vez que llegué a México, engañada por el padre de mi hijo y su familia, de que le iban a otorgar toda la ayuda necesaria, me doy con que no había más terapias, como así tampoco la pensión que se requiere para poder sostenerlo a mi hijo”.
Además señala que tras el diagnóstico de un neurólogo mexicano que le recetó anfetaminas al niño (para el TDA), Irene pidió una segunda opinión y buscó la forma de tratar al niño sin fármacos. Para ello tuvo el asesoramiento de especialistas, pero señala que el padre “se aprovecha del diagnóstico de ese médico y en vez de hacer lo acordado en cuanto a la charla que tuvimos con la psicóloga por una rehabilitación digna, me pone un denuncia penal por omisión de cuidados en el 2018 por no darle las anfetaminas”.
“El señor Antonio Zamora Lechuga, nunca cumplió con la pensión que nos asignó la Juez del juzgado de Xochitepec, tampoco se hizo cargo de la estimulación de mi menor hijo y aún así me demanda por omisión de cuidados”, explica luego en el escrito donde detalla una serie de trabas burocráticas y vericuetos legales por los que la justicia no le permite ver a su hijo a pesar de que ella trabajó de manera incansable para que el niño se mantuviera en la escuela y para estimularlo de manera correcta.
Luego Irene señala: “Con mucho trabajo, logramos que mi hijo termine tercer grado en la escuela normal, para ese entonces yo dejo de trabajar y me dedico exclusivamente a la rehabilitación de mi pequeño niño, nunca recibí ayuda de mi ex con la estimulación o su familia, como así la mínima pensión asignada para comida, renta, transporte y comida”. Pero los malos momentos no terminan ahí, sino que, según cuenta, “en las vacaciones de verano antes de entrar en cuarto grado, para Julio de 2020 y en medio del aislamiento de la pandemia, con todos los juzgados cerrados, el padre de mi hijo se lo lleva y no me lo devuelve más”.
Pasaron cuatro meses y con la ayuda de una abogada, en noviembre de 2020, Irene logró recuperar a su hijo. “Cuando mi hijo vuelve conmigo estaba en la peor condición posible, al ser neurodiverso no podía tomar clases de su nivel de forma virtual por lo que el padre lo puso en primer grado. Todos los logros que habíamos conseguido el padre los tiró a la basura, todos sus derechos como persona fueron violentados en esa sustracción”, relata luego.
Pasados unos meses se vio obligada a hacer una mudanza en marzo de 2021. “Es ahí cuando el padre de mi hijo lo busca por Semana Santa y no me lo devuelve más, la abogada que estaba a cargo de mi caso renuncia y me quedo sin nada y sin abogadas para seguir peleando”. Más adelante explica: “Entré en una depresión terrible, tenía miedo de hacer la denuncia, me dejó paralizada. En Enero de este año, gracias a que mi madre vino de Argentina, pude por fin ir a Morelos a hacer las denuncias correspondientes por sustracción, robo y violencia de género, con ayuda de la procuradora de defensa del menor en Temixco consigo que me asignen una abogada que pueda seguir llevando mi caso”.
Esta abogada “estuvo poniéndose al tanto con mi caso y me dijo que yo tenía la guardia y custodia, estaba esperando que le den una cita con la Juez para que me restituyan a mi hijo con la fuerza pública y esta semana cuando se reúne con la Juez, le dice a mi abogada que no me lo iban a poder dar porque un Juez de otro juzgado le había dado la guardia y custodia a mi hijo”.
“El tiempo pasa, ellos me robaron, nos abandonaron como personas, no cumplieron con la pensión, agravaron la situación de mi hijo al ponerlo en primer grado después de que había alcanzado metas altísimas, no cumplen con las visitas, no me contestan un mensaje por meses, no me pasan con el y el dan la custodia”, se lamenta Irene en la carta donde cuenta todo lo sucedido y pide ayuda a los medios para difundir su historia. “Necesito ayuda, soy migrante, no tengo las redes de apoyo que tengo en Argentina, no soy heterosexual y soy artista. Cuestiones por las que se juzga mi derecho a la maternidad. Tengo miedo, hasta ahora no tengo noticias de como procedieron las denuncias que hice. La semana que viene tengo que hablar con el Juez que le dió la guardia y custodia a mi hijo y no quiero más indiferencia del estado”, acota luego y finaliza: “Quiero que me devuelvan a mi hijo, quiero volver a argentina y darle una rehabilitación digna, quiero que esta pesadilla se termine”.
