A la vivienda que una familia levantó en uno de los lotes vendidos por la firma, en La Caldera, literalmente le brota agua desde abajo de los cimientos. La audiencia de mediación que reunió a las partes fue un fracaso.
Las imágenes sorprenden. Las registró el dueño de uno de los lotes ubicado en la tercera etapa de la urbanización “Jardín Celestial”, en La Caldera. La cámara del celular sigue el recorrido del agua que se escurre por las calles del lugar, bajando primero a chorros del jardín de la casa y brotando desde abajo del contrapiso de la construcción. El audio también estremece. Quién filma relata cómo el sueño de la casa propia devino en una pesadilla en medio de un bucólico paisaje. ¿La razón? Una vertiente subterránea que aflora a la superficie. ¿Resultado? Daño irreparable a las bases de la construcción, pisos y paredes humedecidas y muebles arruinados.
El caso llegó a la justicia. La primera audiencia de mediación fue convocada para el 30 de marzo, aunque los representantes de la firma y del municipio de La Caldera brillaron por su ausencia. Sí fueron a la segunda. El 7 de abril se vieron las caras el matrimonio afectado, el apoderado legal del municipio, Héctor Velázquez; y el de “Jardín Celestial”, Guillermo Ramos. A éste último, fuentes consultadas por éste medio lo definen como un típico abogado de firmas empresariales que utiliza los resquicios de la juricidad para engordar la riqueza de sus jefes y garantizarles impunidad.
La audiencia fue un fracaso. No puede sorprender. Los desarrolladores inmobiliarios suelen negarse a reparar este tipo de daños asignando un nuevo lote y subsanando las inversiones realizadas en la construcción por los afectados. Hay quienes aseguran que Ramos adujo que la construcción adolecía de fallas y que los afectados no compraron el lote a la firma sino al primer propietario que sí realizó la operación con “Jardín Celestial”.
Si esto efectivamente fue así, difícilmente el letrado creyera en serio semejante disparate. Cualquier recién llegado a la materia sabe que son los desarrolladores quienes tienen la obligación de realizar los estudios y las inversiones que de ellos surjan para garantizar que los lotes vendidos sean habitables en el tiempo. Los estudios incluyen Impacto Ambiental y Social; Prefactibilidad de Servicios; o uno muy pertinente al caso que nos ocupa: el Certificado de No Inundabilidad.
Un desarrollador inmobiliario consultado por CUARTO sintetizó del siguiente modo en qué consiste el último certificado. “Se trata de un estudio científico que tiene por objeto identificar canales, ríos, vertientes y hasta cuestiones vinculadas al agua que se puede acumular por las lluvias. El objetivo es tomar los recaudos necesarios mediante inversiones concretas para que el agua no afecte a los lotes que un particular adquiere. Las disposiciones también establecen que cuando esos peligros existen, los terrenos en cuestión deben destinarse a espacios verdes”. El testimonio resume lo dispuesto por el gobierno provincial, como cualquier lector puede corroborarlo haciendo clic en el siguiente enlace: https://produccionsalta.gob.ar/producto/solicitud-de-certificado-de-no-inundabilidad/
Este medio también se comunicó con funcionarios de La Caldera. Fueron ellos quienes (pidiendo reserva de identidad) confirmaron que fue el representante de “Jardín Celestial” quien abandonó la audiencia minutos después de que el apoderado de la municipalidad tomara la palabra para informar que el municipio no autorizó a vender los lotes de esa etapa.
El dato revela una situación que vecinos de La Caldera y Vaqueros denuncian hace tiempo. Dueños de loteos que actúan al margen de la ley para avanzar con planes que prescinden de las regulaciones estatales, o que directamente están por encima de las mismas por contar con vínculos económicos y políticos que los ubica por sobre las autoridades municipales que deben garantizar que las leyes se cumplan en el territorio que reivindican como propio.
Lo primero amerita una investigación que tenga por objeto el accionar de la firma. Lo segundo, otra que establezca los vínculos entre quienes gobiernan y los poderosos empresarios inmobiliarios que logran que sus intereses privados se impongan sobre los públicos.