El descenso de más de 100 mil estudiantes en los niveles obligatorios preocupa a especialistas, quienes vinculan el fenómeno con la inserción temprana en el mercado laboral y la falta de ingresos en los hogares.
En Salta, la matrícula escolar en los niveles obligatorios ha registrado una drástica reducción, pasando de 470.000 a 360.000 estudiantes en los últimos años. Jorge Paz, doctor en Economía y magister en Demografía Social, analizó esta situación y señaló que uno de los factores clave es el ingreso temprano de los jóvenes al mercado laboral, especialmente a partir de los 16 años, edad legal permitida para trabajar. Sin embargo, esto genera una contradicción con la normativa educativa, que establece la obligatoriedad de la escolarización hasta los 17 años.
Paz destacó que muchos jóvenes abandonan sus estudios para convertirse en «trabajadores adicionales», es decir, personas que contribuyen al presupuesto familiar en contextos de escasez económica. Además, el experto subrayó que este fenómeno afecta particularmente a las mujeres adolescentes, quienes asumen tareas domésticas no remuneradas cuando sus madres se incorporan al mercado laboral. Esta dinámica, según el investigador, permanece invisibilizada pero tiene un impacto significativo en la deserción escolar.
El economista también alertó sobre el aumento de la informalidad laboral entre los jóvenes, un problema que se extiende a nivel nacional. Según datos del INDEC, muchos de estos jóvenes ingresan al mercado laboral sin haber completado su educación, lo que los condena a empleos precarios, sin protección social ni derechos laborales. Paz explicó que, aunque estos trabajos aportan ingresos inmediatos a las familias, perpetúan un ciclo de pobreza y exclusión.
Finalmente, en la entrevista brindada a FM Infinito, el especialista advirtió que este escenario no solo afecta el presente de los jóvenes, sino también su futuro. «Entran al mercado laboral en condiciones precarias y no salen más», afirmó, destacando la urgencia de políticas que reconcilien las normativas laborales y educativas, y que promuevan la retención escolar en un contexto de crisis económica.