La magistrada ordenó liberar a los detenidos que participaron de la marcha de los jubilados el pasado miércoles y el ministro de Justicia pidió su juicio político. La mujer recibió un fuerte respaldo de sus pares.
La organización que nuclea a la conducción del Poder Judicial de todos los distritos del país se manifestó contra los cuestionamientos que el gobierno libertario hizo contra la jueza – Karina Andrade – que el miércoles pasado ordenó liberar a los detenidos en la manifestación de los jubilados en inmediaciones del Congreso. La magistrada de 42 años, sostuvo que no se le suministró desde las fuerzas de seguridad ni de las fiscalías información alguna que permitiera formular cargos a ninguno de los apresados, lo que motivó la resolución que les dio la libertad.
Desde el gobierno nacional la emprendieron contra Andrade. Primero fue el ministro de Justicia Cuneo Libarona y luego la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta anunció que pediría el apartamiento de Andrade y posteriormente sostuvo que la denunciaría penalmente por la liberación de los detenidos sin verificación de antecedentes. Desde la Casa Rosada también la descalificaron políticamente al tratarla de «jueza de la Cámpora».
«Ante las expresiones vertidas por funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional en relación a la actuación de la Jueza Karina Andrade, en el marco de una causa judicial, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus) reitera que el juicio político no es la vía constitucional para la impugnación del contenido de las decisiones judiciales y su utilización en tal sentido representa una grave intromisión en la independencia judicial», señaló la entidad. En ese pronunciamiento, se remarca que los jueces no pueden ser enjuiciados o perseguidos cuando se disienta con lo que expresan en sus resoluciones.
