Con fecha 26 de octubre, el organismo internacional representado por Mariela Belski remitió la nota al gobernador Gustavo Sáenz.
El pedido de informe se da en el marco de los controles para el ingreso a la provincia por las medidas de aislamiento y citando normativas vinculados al acceso a la información pública, la representante de Amnistía Internacional en nuestro país remitió la nota al gobernador de la provincia de Salta. En la misma resalta que durante los últimos días se “han dado a conocer casos de personas que se encontrarían varadas o sufriendo restricciones para ingresar a su lugar de residencia en la Provinica de Salta, desde la Ruta Nacional 34, Provincia de Tucumán”, dice la nota.
El organismo reconoce el enorme esfuerzo que el Estado Argentino y el salteño realizan para dar una respuesta integral a una crisis sanitaria, pero recuerda que el “derecho internacional de los derechos humanos prevé excepciones a la libertad de circulación para proteger la salud pública en situaciones excepcionales -como la pandemia del COVID-19. Sin embargo, cualquier medida que se tome dentro de este marco, debe ser proporcionada, estrictamente limitada y necesaria, para evitar que sea utilizada de manera ilegal, abusiva e irrazonable. No debe durar indefinidamente, debe estar sujeta a un examen periódico y significativo, y debe tener el mínimo impacto posible en los derechos humanos”, enfatizaron.
Al respecto, los órganos de seguimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de la ONU han exigido un planteamiento respetuoso con los derechos humanos a la hora de combatir la pandemia, señalando que “estos controles han de realizarse dentro un marco legal válido” y han resaltado que “un estado de emergencia, o cualquier otra medida de seguridad, debe guiarse por los principios de los derechos humanos”.
Tras ello, Amnistía Internacional detalló el tipo de información solicitada: 1.- Cuántas solicitudes de ingreso a la Provincia desde el inicio del ASPO; 2.- Cuántas de ellas fueron admitidas y cuántas denegadas; 3.- Detalle de los motivos del pedido de ingreso y los fundamentos por los cuales las autorizaciones se rechazaron; Se informe si la Provincia tiene registro de cuántas personas se encuentran actualmente varadas en los límites provinciales; 5.- La colaboración que la provincia brinda a los varados para proveerse de alimento, abrigo y condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas; Si la Provincia gestionó con las provincias limítrofes para que los varados tengan acceso a condiciones adecuadas para la prevención del COVID-19; 7.- Que se informe si algún organismo público nacional o provincial habría intervenido o solicitado información en la situación señalada y, en caso afirmativo, brinde detalles de tal intervención; 8.- Se indique la normativa provincial que se aplica en estos casos en el marco de la pandemia de COVID-19, señalando número de ley, decreto o resolución provincial; 9.- Que se informe cuál es el protocolo que se aplica para el control de ingreso de personas a la Provincia de Salta.
Amnistía pidió que la información se remita en 15 días y que en el caso en que algunos de los datos no estén a su disposición, “solicitamos nos informe acerca de las vías de acceso a dicha información o bien nos indique si los datos no han sido registrados”.
