El proyecto enviado al Congreso ajusta también a CONICET, INTA e INTI, que arrastran recortes reales acumulados de hasta el 49% desde 2024. Una cláusula del articulado habilita al Poder Ejecutivo a suspender transferencias a las casas de estudio.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 al filo del cierre del martes, con una asignación de 7,34 billones de pesos para las universidades nacionales. La cifra queda por debajo de los más de 11 billones que reclama el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de todo el país.
El texto contempla, además, que organismos como CONICET, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y la Agencia I+D+i reciban partidas actualizadas según la inflación proyectada del 18% para 2027. Si ese cálculo no se cumple, estos organismos volverán a perder capacidad de financiamiento en términos reales, en un contexto en el que todavía no recuperan el 35% de ingresos reales perdidos desde diciembre de 2023.
El recorte es más pronunciado en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El proyecto prevé para el INTA una quita nominal del 12,4% y para el INTI una caída nominal del 5,2%, según publica Infonews. Ambos organismos acumulan desde 2024 una fuerte pérdida de personal y de ejecución presupuestaria: el recorte real llega al 43% en el INTA y roza el 49% en el INTI.
Más allá del monto asignado, el Capítulo II del proyecto incorpora una disposición que obliga a las universidades a informar el destino de sus gastos al Ministerio de Capital Humano. La misma norma faculta al Poder Ejecutivo a interrumpir las transferencias de fondos en caso de incumplimiento.
Los rectores nucleados en el CIN cuestionan esa cláusula por considerar que afecta la autonomía universitaria y sostienen que la partida de 11 billones que reclaman —superior a la enviada por el Gobierno— resulta insuficiente frente a las necesidades del sistema. El sector reclama, además, el cumplimiento de la ley de Financiamiento Universitario vigente y anticipa un escenario de conflictividad en las próximas semanas.