Lo hizo a través de un relevamiento en el territorio provincial. También denunció la existencia de barreras en el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Desde la organización señalaron que el relevamiento se inició tras la recepción de denuncias a través de sus canales de contacto. En ese marco, la directora de litigio, Mariela Galeazzi, explicó por FM Aries que una de las principales problemáticas identificadas está vinculada al retiro del Estado Nacional en la provisión de insumos, lo que impactó en la disponibilidad de medicamentos para la práctica y de métodos anticonceptivos en distintas jurisdicciones.
Y aunque aclaró que la provincia realizó compras de misoprostol y mifepristona, los volúmenes adquiridos no resultarían suficientes para cubrir la demanda existente. Según precisó, esto deriva en algunos casos en la necesidad de acceder a la medicación de forma particular, con costos que pueden alcanzar los 300 mil pesos por tratamiento combinado.
El informe también advierte sobre dificultades en la organización del sistema sanitario, especialmente por la concentración de la práctica en hospitales de mayor complejidad, lo que puede generar demoras en los tiempos de atención previstos por la ley. Además, se señalaron circuitos de atención que incluyen la solicitud de estudios complementarios o ecografías que, en algunos casos, se encuentran desactualizados, provocando retrasos que pueden modificar el tipo de intervención.
Desde Amnistía Internacional remarcaron que, si bien existe personal capacitado y voluntad de cumplimiento dentro del sistema de salud, persisten limitaciones en infraestructura, provisión de insumos y articulación entre niveles de atención.