La provincia que alguna vez fue ejemplo en la materia, hoy ya no lo es. Es lo que indica un informe de Ciudadana Comunicación elaborado en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976.
El informe puso el foco en uno de los lemas más sostenidos desde el retorno a la democracia: juicio y castigo a genocidas de la dictadura cívico – militar. El reporte da cuenta que desde el año 2006 se dictaron 361 sentencias por delitos de lesa humanidad con 1.231 personas condenadas a lo largo y ancho del país.
En Salta, mientras tanto, se realizaron hasta ahora 32 juicios de lesa humanidad que derivaron en 38 condenas. No obstante, hay 20 causas que no logran avanzar porque sus expedientes todavía no llegaron a juicio oral. Entre esos expedientes se encuentra el denominado Palomitas III como así también el juzgamiento de otros involucrados por la desaparición del conscripto Mario Víctor Brizzi, quien fuera marido de una de las referentes de los organismos de derechos humanos en la provincia: Cristina Cobos.
“El informe señaló que la demora no responde a un único factor. Los Tribunales Orales Federales I y II de Salta deben atender simultáneamente causas comunes y de lesa humanidad en un contexto de escasez estructural de magistrados”, resumió la sección local del diario Página |12.
“Los jueces que intervienen en estos procesos son designados por la Cámara Federal de Casación Penal. En muchos casos, se inhiben por haber participado previamente en causas vinculadas a los mismos imputados o víctimas. Esto obliga a rearmar los tribunales una y otra vez. La situación se agravó con el fallecimiento del juez Mario Marcelo Juárez Almaraz, quien estaba asignado a siete juicios pendientes. Su ausencia obliga a nuevas designaciones y vuelve a reconfigurar los tiempos”, agrega el mismo medio.