La jueza Gabriela Romero Nayar homologó un acuerdo de juicio abreviado en el que los imputados reconocieron su responsabilidad en la comercialización de estupefacientes. La causa tuvo origen en una denuncia anónima y derivó en el allanamiento de seis viviendas con el secuestro de más de 500 dosis.
Ismael Ramón Avendaño, Facundo José Nicanor Chaile, Ricardo Javier Escalante, Jorge Fermín Alejandro Chaile y Gerardo José Chocobar recibieron cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo. Fredy Rutilio Chocobar fue condenado a tres años de prisión efectiva, en tanto que Alberto Orlando Chaile y Daniela Agustina Belén Choque obtuvieron tres años de ejecución condicional con cumplimiento de reglas de conducta.
El fiscal Leandro Flores, titular de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), representó al Ministerio Público Fiscal en el proceso, tal como publica Fiscales Penales. Los ocho acusados acordaron con la Fiscalía el reconocimiento de su participación en el delito de comercialización de estupefacientes.
La investigación se inició a partir de una denuncia anónima recibida a través del sitio web del Ministerio Público Fiscal, en la que se señalaba que en el Pasaje Los Infernales de Villa San Antonio se vendían sustancias estupefacientes de manera permanente. La actividad era atribuida a integrantes de la agrupación conocida como «El Zaire».
Las tareas investigativas incluyeron vigilancia en terreno, análisis de publicaciones en redes sociales y el procesamiento de nuevas denuncias incorporadas durante la pesquisa. En ese marco, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas (DGDP) verificaron el domicilio denunciado, relevaron antecedentes por infracciones a la Ley 23.737 y recabaron testimonios de vecinos que señalaron a integrantes de las familias Chocobar y Chaile como partícipes del ilícito.
El 13 de agosto, la Fiscalía ordenó el allanamiento de seis viviendas en Villa San Antonio. Los procedimientos permitieron secuestrar más de 500 dosis de cocaína, marihuana, envoltorios de polietileno, balanzas grameras, municiones, dinero en efectivo y teléfonos celulares.
Los informes policiales, las grabaciones, las fotografías incorporadas a la causa y los procedimientos realizados con compradores que transportaban pasta base resultaron determinantes para acreditar la actividad de comercialización atribuida a los condenados.