El presidente respaldó públicamente a su asesor mediante republicaciones de mensajes en redes sociales. Las explicaciones oficiales intentaron equiparar el poder de un funcionario gubernamental con la labor de un trabajador de prensa.
En un preocupante precedente para la libertad de prensa, el presidente Javier Milei salió en defensa de su asesor Santiago Caputo, quien increpó e intimidó al fotógrafo Antonio Becerra del medio Tiempo durante la cobertura de un debate político. A través de la red social X, Milei republicó varios mensajes que justificaban el comportamiento amenazante de su colaborador, revelando una alarmante postura oficial frente al trabajo periodístico.
La administración libertaria ignoró deliberadamente la asimetría de poder existente entre un influyente asesor presidencial y un trabajador de prensa. Milei compartió un mensaje del ultraderechista Agustín Laje que cuestionaba: «¿Los periodistas te pueden meter una cámara en la cara y acosarte mientras estás tratando de conversar con otras personas, pero uno no puede, a su vez, sacarle una foto al periodista?». Esta defensa omitió mencionar que Caputo controla espacios de enorme poder en el Gobierno Nacional como la Secretaría de Inteligencia del Estado y la Agencia de Recaudación.
El mandatario también avaló argumentaciones similares de figuras cercanas al oficialismo, como el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien comparó falsamente la libertad de expresión con actos intimidatorios: «Si un periodista me saca una foto es libertad de expresión pero si yo le saco una foto a un periodista es persecución y censura». Esta retórica distorsionada busca equiparar la labor periodística con prácticas de acoso institucional.
El vocero presidencial Manuel Adorni ofreció una explicación oficial absurda sobre el incidente, alegando que «Caputo le sacó una foto a la credencial porque quería saber cómo había salido en la foto». La justificación, carente de lógica, culminó con una falsa equivalencia: «El fotógrafo puede sacar fotos y los demás no. Es como que el periodista puede mentir, pero nosotros no podemos contestar», evidenciando la hostilidad del gobierno hacia la prensa.
Los hechos demuestran que Caputo, protegido por custodios, no solo se negó a responder preguntas periodísticas antes del debate, sino que actuó amenazantemente al fotografiar la credencial de Becerra donde figuraban sus datos personales. Este acto intimidatorio contra un profesional debidamente acreditado para la cobertura refleja una preocupante actitud gubernamental que considera aceptable el hostigamiento a la prensa y desconoce el papel fundamental de los medios en una democracia.