El Concejo Deliberante adoptó la medida con cinco votos a favor y dos abstenciones. Se trata de la primera aplicación de la Ordenanza de Reglamentación N.º 11/2026, recientemente entrada en vigencia.
El Concejo Deliberante de La Merced aprobó la admisibilidad de los expedientes presentados contra el intendente Javier Wayar en el marco del procedimiento de juicio político. La votación se desarrolló con cinco votos favorables y dos abstenciones.
La decisión marca la primera aplicación operativa de la Ordenanza de Reglamentación N.º 11/2026, que establece el protocolo que debe seguir el Concejo para tramitar un juicio político por presunto mal desempeño de un funcionario municipal. La normativa comenzó a regir tras su publicación en el Boletín Oficial.
Los expedientes fueron presentados por vecinos y un concejal, quienes solicitaron la aplicación del juicio político contemplado en la Carta Orgánica Municipal. Antes de someter las presentaciones a votación, el Concejo verificó que cumplieran con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 de la ordenanza, incluida la identificación de los denunciantes y el ofrecimiento de pruebas.
El próximo paso será la conformación de una comisión investigadora integrada por dos concejales de distintos espacios políticos. Este órgano analizará la documentación, producirá pruebas y elaborará un dictamen que será sometido a consideración del Concejo Deliberante.
La presidenta del Concejo Deliberante, Mónica Berruezo, aclaró que el juicio político constituye un procedimiento institucional y no reemplaza la investigación judicial que también involucra al intendente. «Esto es un instrumento institucional, no judicial. La causa judicial que tiene el Ejecutivo continúa también su curso por aparte, pero a su vez esa causa judicial es tenida en cuenta en estos expedientes», señaló a Nuevo Diario.
De acuerdo con la Carta Orgánica Municipal, el procedimiento deberá concluir en un plazo máximo de cuatro meses. Durante ese período deberán desarrollarse todas las etapas previstas hasta la eventual votación final, que podría derivar en la destitución del jefe comunal si se reúnen las mayorías requeridas. La reglamentación fue vetada en reiteradas oportunidades por el Ejecutivo municipal antes de que el Concejo gestionara su publicación oficial.