En septiembre corrió la misma suerte el ubicado en Cachi. Ahora fue el turno del que estaba en Santa Victoria Este (Rivadavia) que cuenta con una abogada, un trabajador social y una intérprete diplomada en traducción wichí-castellano.
Todos los mencionados viven y trabajan en el territorio con acciones que incluían el asesoramiento jurídico, acompañamiento en trámites judiciales, realización de denuncias sobre trata con fines de explotación laboral y sexual; e incluso hasta procesos de violencia familiar y de género.
Según informa hoy la sección local del diario Página 12, la decisión se conoció en la última semana de octubre vía una plataforma digital. “La mala noticia era esperada, puesto que en septiembre se habían cerrado los CAJ de Ingeniero Juárez (en Formosa), Cachi (en Salta), Amaicha del Valle (en Tucumán), Belén (en Catamarca), y Susques (en Jujuy)”, destacó el medio citado.
Uno de los aspectos más preocupantes es que la dependencia estaba involucrada en el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Lhaka Honhat c/ Argentina”. En febrero de 2020 este tribunal condenó al Estado argentino a titular un extenso territorio indígena y garantizar el acceso a derechos humanos violentados de manera sistemática.
El secretario de Justicia de la provincia, Luis María Salado, afirmó que tocará suplir el trabajo que los operadores de este Centro vienen realizando en territorio. Pero la modalidad del sistema que contaba con personas de manera permanente en el territorio será reemplazada en algunos aspectos con un equipo itinerante.
