El Ministerio de Seguridad ofrecerá $10 millones a quienes brinden datos útiles para identificar a los responsables de los hechos del 12 de marzo. La medida también aplicará para futuras manifestaciones.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció mediante la Resolución 357/2025 la creación de una línea telefónica gratuita y una recompensa de $10 millones para quienes aporten información sobre los autores de los disturbios y daños ocurridos cerca del Congreso el 12 de marzo, durante una marcha de jubilados. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, la recompensa será otorgada a quienes brinden datos precisos que permitan identificar y capturar a los responsables, siempre que no hayan participado en los hechos.
La normativa habilita el uso de la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas para recibir denuncias. Además, establece que el pago será realizado por el Estado previa evaluación de la información, garantizando el anonimato de los denunciantes. En los considerandos de la resolución, Bullrich afirmó que los grupos violentos que actuaron el 12 de marzo no tenían relación con los jubilados y agredieron a las fuerzas de seguridad con piedras, armas blancas y de fuego. Sin embargo, no se mencionaron los casos de violencia policial documentados por testigos y medios, ni el estado crítico del fotógrafo Pablo Grillo, herido de gravedad por un gas lacrimógeno.
La medida generó polémica en las redes sociales. El periodista Ari Lijalad criticó en su cuenta de X que la recompensa por denunciar a los manifestantes supera a la ofrecida para encontrar a víctimas de casos emblemáticos, como Loan o los bebés robados durante la dictadura. Por su parte, la abogada Carmen Verdú, de la Correpi, ironizó sugiriendo que se pague la recompensa al Mapa de la Policía, que identificó a los responsables del disparo contra Grillo.
Mientras tanto, el exdiputado Alejandro Rodríguez cuestionó en X que la resolución no aclara si se puede denunciar a infiltrados de la SIDE o si habrá recompensas por otros hechos de violencia, como el ataque al móvil de Cadena 3 en Córdoba hace casi un año. La investigación sobre los disturbios del 12 de marzo continúa en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo del juez Sebastián Cassanello.