jueves 3 de octubre de 2024
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Ordenamiento Territorial | La virtualidad excluye a quienes más sufren los desmontes en Salta: indígenas y campesinos

La Ley de Boques exige a las provincias actualizar el mapa que indica dónde se puede desmontar. El ministro de Producción encabezó el primer encuentro, aunque la modalidad remota hizo que algunos rechazaran la invitación.

Uno de los que desistió de ir fue la organización Greenpeace. Lo hizo a través de una nota dirigida al Ministro Martín de Los Ríos que lleva la firma de Hernán Giardini, Coordinador de la Campaña de Bosques.

“Por este medio agradecemos la invitación, pero queremos señalar que no participaremos de una discusión virtual con el objetivo de actualizar el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta, considerando que esto no puede realizarse al mismo tiempo que se propicia la deforestación”, dice la introducción de la misiva.

Consideró fundamental que la actualización requiere un proceso realmente participativo, algo que las restricciones a la circulación y a actividades por la pandemia de COVID-19 dificulta. Eso no fue todo. También remarcó que hay sectores claves como los “indígenas y campesinos” que no pueden participar por “la falta de conectividad a Internet”, algo inaceptable dada que la discusión versa sobre lo que se realizará en sus territorios.

“Cabe recordar que, según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, desde la sanción a fines de 2007 de la normativa forestal nacional hasta el año 2019 en la provincia de Salta se desmontaron 628.307 hectáreas. Por otra parte, cabe destacar que el gobierno provincial realizó numerosas recategorizaciones prediales (algo no permitido por la Ley Nacional de Bosques), mediante las cuales autorizó desmontes en zonas protegidas (Categoría I- rojo y II – amarillo). Las fincas que fueron ilegalmente deforestadas mediante este artilugio aún no fueron restauradas”.

La nota remarco también que el monitoreo satelital que mensualmente realiza Greenpeace comprobó que, a pesar de las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19, durante 2020 en Salta se desmontaron 20.962 hectáreas. “Es por ello que resulta fundamental establecer la prohibición y penalización de los desmontes e incendios forestales. Solicitamos que, como autoridades en materia ambiental, avancen en ese sentido en forma urgente”, finaliza el escrito.

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