El debate oral contra el exintendente «Kila» Gonza y dos imputados más sumó testimonios clave sobre el manejo espurio de fondos municipales. Una exempleada de la Tesorería describió un esquema paralelo de extracción de dinero al margen del sistema contable formal y cuyo destino ibas desde actividades del fin de semana hasta pagos personales como el de servicio doméstico de los imputados.
El juicio oral seguido contra el exintendente de San Lorenzo Ernesto Fernando Gonza, el exsecretario de Hacienda Rogelio Guaymás y el concejal Aldo Dalmiro Gonza incorporó este martes cuatro nuevos testimonios, dos de ellos bajo identidad reservada.
La primera testigo, una mujer que pidió declarar sin la presencia de los acusados, relató haber trabajado como auxiliar contable en la Municipalidad durante la gestión de Fernando Gonza, bajo las órdenes directas del contador Guaymás y del propio intendente. Afirmó que en mayo de 2018 fue comunicada de la desvinculación de la tesorera y que fue Aldo Gonza —sin cargo oficial alguno en el municipio— quien le transmitió esa decisión. «No era funcionario, ni empleado ni concejal, pero actuaba como si fuera el jefe», señaló.
La testigo también mencionó que durante toda esa gestión trabajó en negro, cobrando en efectivo por planilla junto a otras cien personas en la misma situación. Calificó esa modalidad como irregular e «indigna», aunque reconoció que al principio la consideró habitual en las estructuras comunales.
El núcleo de su declaración giró en torno a un sistema de vales numerados con membrete municipal que los funcionarios usaban para justificar retiros de efectivo de la caja. Los fondos —provenientes de los contribuyentes y almacenados en la caja fuerte de la Secretaría de Hacienda sin ser depositados en entidades bancarias, como exige la normativa— salían bajo el concepto «cargo», sin siempre especificar su destino. Según la testigo, este mecanismo operaba en paralelo al sistema informático oficial del municipio.
Los retiros se concentraban los viernes, bajo el argumento de que el dinero cubriría actividades del fin de semana. La testigo describió situaciones en que se resistió a entregar fondos a Aldo Gonza por carecer este de designación en el municipio, pero que Guaymás intervenía y ordenaba el pago, firmando él mismo el vale. En una ocasión, relató, el hermano del intendente retiró dinero en su presencia para abonarle a una empleada doméstica.
Sobre el secretario de Hacienda, la declarante afirmó que presentaba facturas sin respaldo de ningún proceso de contratación y que los vales eran destruidos y reemplazados por esos comprobantes. Indicó que durante esa gestión no se cumplió la legislación vigente en materia de contratación de bienes y servicios.
Según informó el Poder Judicial de Salta, en la misma jornada declararon además una exempleada de la comuna y un vecino propietario de un taller mecánico. El tribunal está presidido por el juez Federico Diez, acompañado por Paola Marocco y Francisco Mascarello; la acusación pública recae en la fiscal Claudia Geria. Los imputados enfrentan cargos de peculado, incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública —en distintas combinaciones según cada caso—, mientras que Aldo Gonza está imputado como partícipe necesario del peculado.