Tras la internación del jefe comunal, medios nacionales posaron la vista en la causa de las facturas truchas. Resaltan que más de 26 empresas facturaron al municipio más de 120 millones y que el dinero pudo ir a funcionarios.
“Se trata de una causa que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública y evasión tributaria mediante el uso de facturas apócrifas, que tiene en la mira a altos funcionarios de la capital de esa provincia que responden al intendente Gustavo Sáenz, internado de urgencia ayer por una arritmia”, resalta el diario Página 12 en su edición de hoy.
El mismo medio rememoró que el expediente se originó con una denuncia anónima presentada en la AFIP a fines del año pasado, indicando “que varios funcionarios públicos habrían participado en maniobras para defraudar a la municipalidad de Salta, la provincia y hasta la compañía Aguas del Norte”.
Tras relatar los primeros allanamientos en el Centro Cívico Municipal en enero pasado y la renuncia –a fines de febrero– del secretario de Hacienda municipal Pablo Gouffin quien aparecía en los archivos de una de las computadoras secuestradas al empresario Matías Huergo – dueño de las empresas involucradas -; Página 12 informa que Huergo se convirtió en el primer detenido de la causa y ayer prestó declaración indagatoria ante Bavio durante más de tres horas. “Horas más tarde, el intendente Sáenz fue internado de urgencia por una arritmia multifactorial y, al cierre de esta edición, continuaba en observación en el sanatorio El Carmen de la capital salteña”, precisa el medio.
“Hasta el momento, Bavio informó que hay más de 26 empresas que, entre enero del 2017 y agosto del 2018, facturaron al municipio por más de 120 millones de pesos, y que podría existir una ´asociación ilícita fiscal que opera consumando delitos de evasión tributaria agravado por el uso de facturas apócrifas´. El magistrado, en ese sentido, sostiene la hipótesis de que, en muchos casos, la utilización de los documentos truchos tendría el propósito de ocultar salidas ilegales de fondos públicos cuyo destino habría sido el patrimonio de los mismos funcionarios públicos y de particulares, ´lo que encontraría asidero en las múltiples facturaciones confeccionadas en la propia sede de Hacienda Pública municipal´. Por otro lado, hace referencia al presunto direccionamiento de la obra pública por parte de funcionarios provinciales hacia empresas relacionadas con Huergo”, enfatiza la nota publicada hoy.