El IPPIS expresó su rechazo a la «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. El organismo advirtió que la iniciativa podría generar consecuencias sobre los territorios comunitarios indígenas. El Consejo Directivo declaró el estado de alerta permanente y pidió a los senadores nacionales que representan a Salta que rechacen el proyecto cuando sea tratado en el Congreso de la Nación el 6 de agosto.
El Instituto Provincial de los Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS) sostuvo que el proyecto podría desconocer la particularidad de la propiedad comunitaria indígena bajo argumentos vinculados con la seguridad jurídica y el funcionamiento del mercado. Según el organismo, la ley podría habilitar mecanismos de desalojo y avanzar sobre una mayor desregulación en materia de venta de tierras, profundizando los conflictos territoriales existentes.
El IPPIS señaló que la iniciativa entraría en tensión con normas que protegen los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional, nacional y provincial, como señaló Nuevo Diario al difundir el comunicado del organismo. Entre estas se encuentran el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce los derechos sobre las tierras tradicionalmente ocupadas y establece procesos de consulta previa.
El instituto también hizo referencia a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, al artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, al Código Civil y Comercial, y al artículo 15 de la Constitución de Salta, que reconocen derechos comunitarios sobre territorios.
Desde el IPPIS también se remarcó que no permitirá que la seguridad jurídica vinculada a negocios inmobiliarios y financieros se construya sobre el «destierro y el olvido de los primeros habitantes» del territorio. Cerraron su pronunciamiento con la expresión: «El territorio no se vende, se defiende».