El organismo reconoció oficialmente que la quita masiva de afiliados a profesionales de cabecera respondió a las manifestaciones por mejoras laborales iniciadas en abril. Ocho médicos fueron alcanzados por la medida, con pérdidas que superan el 80 por ciento de sus pacientes.
El conflicto se intensificó cuando autoridades de PAMI Salta confirmaron explícitamente el carácter punitivo de la decisión. El doctor Alejandro Ciotta relató que, al presentarse el 27 de julio en la sede del organismo para solicitar explicaciones sobre la quita de sus pacientes, las autoridades le informaron que «la quita de pacientes se debía a la manifestación pública de nuestro reclamo, que sucede desde el mes de abril». Según publicó Nuevo Diario, esta declaración oficial despejó dudas sobre los motivos de la medida.
La remoción masiva de afiliados comenzó aproximadamente dos semanas atrás. El caso más emblemático fue el del médico cordobés Attilio Rossi, referente nacional del sector, quien perdió 500 de los 600 pacientes que tenía asignados. En el caso de Ciotta, le retiraron alrededor de 600 personas de su padrón sin comunicación previa dirigida a los profesionales ni a los afiliados. Los pacientes se enteraron a través de la aplicación del organismo, que dejó de mostrar al médico como su profesional de referencia.
El enfrentamiento comenzó el 9 de abril, cuando PAMI modificó unilateralmente el sistema de pagos. Dejó de abonar por consultas realizadas e implementó un monto fijo de 2.100 pesos mensuales por cada afiliado asignado, independientemente de la cantidad de atenciones. «Esto redujo a la mitad el ingreso de cada médico de cabecera, con lo cual no se hizo posible continuar la atención en las condiciones normales en la que se venía realizando», explicó Ciotta.
La caída en los honorarios provocó renuncias de numerosos prestadores y repercutió directamente en la calidad y continuidad de la asistencia a los jubilados. Ciotta remarcó que el perjuicio afecta especialmente a los cinco millones de jubilados del país, quienes pierden de manera repentina al profesional que conocía sus antecedentes y necesidades sanitarias. Los montos actuales, señaló, no alcanzan para cubrir los gastos necesarios para mantener los consultorios abiertos.
La denuncia recibió respaldo de organismos de derechos humanos, del sindicato de actores y actrices y de diferentes sectores sociales. Para Ciotta, la decisión de quitar pacientes busca disciplinar al resto de los profesionales e impedir que expresen públicamente su disconformidad. El conflicto, advirtió, ya no se limita a una discusión por honorarios, sino que involucra la libertad de expresión y el derecho de los trabajadores a reclamar mejores condiciones.