El Consejo Superior ha consumado un acto de despojo laboral que deja a decenas de empleados no permanentes en la más absoluta vulnerabilidad. (Ana How)
La Universidad Nacional de Salta ha vivido una de sus tardes más oscuras ayer, casi terminando julio. Detrás de la retórica de la «autonomía» y la «legalidad presupuestaria», el Consejo Superior ha consumado un acto de despojo laboral que deja a decenas de trabajadores y trabajadoras “no permanentes” en la más absoluta vulnerabilidad. Este lunes, muchas personas con varios años de servicio dejarán de ser agentes para convertirse en «monotributistas», una figura que en este contexto no es más que un eufemismo para el fraude laboral y el desamparo social.
El rostro de esta crisis se hace visible en el comedor universitario de la sede central, donde cinco personas pierden su condición de «no permanentes» de manera inminente. Se trata del personal que garantiza la alimentación diaria y gratuita de 800 personas, una labor social esencial que ahora se ve golpeada por la falta de soluciones a tiempo. Al ser empujados a la informalidad del contrato de locación, estos trabajadores y trabajadoras pierden sus aportes jubilatorios, su obra social y la cobertura ante riesgos laborales, derechos básicos que la Universidad debería proteger.
La situación es igualmente crítica en el jardín materno infantil, donde tres personas más perderán también su condición laboral. Estas trabajadoras son las encargadas de cuidar, educar y sostener a los niños y niñas de la comunidad universitaria todos los días. Bajo la consigna «La Universidad también debe cuidar a quienes cuidan», el sector exige una estabilidad que les ha sido negada a pesar de su trayectoria. La Resolución CS N° 232/2026 ha establecido un cese «indefectible» para el 31 de julio, forzando a estos trabajadores y trabajadoras a una modalidad de servicios no personales que precariza su función educativa y de cuidado.
Las expresiones de disconformidad vertidas por los sectores afectados califican la postura de la entidad gremial APUNSa como una omisión deliberada en la defensa de los derechos colectivos, caracterizándola como una vulneración a la confianza de sus representados y representadas. Es imperativo señalar que, si bien el conflicto alcanza a múltiples estamentos, la coacción institucional tácita ha silenciado a otros sectores bajo la amenaza de que el ejercicio del derecho a la tutela judicial resulte en la rescisión inmediata de sus vínculos contractuales.
A escasas horas del cese indefectible previsto para el 31 de julio de 2026, la ausencia de una propuesta superadora por parte de las comisiones intervinientes compromete seriamente la razonabilidad y juridicidad del accionar de la UNSa. Resulta administrativamente contradictorio que los mismos integrantes del Consejo Superior que reivindican públicamente la defensa de la educación pública y gratuita, convaliden con su voto una precarización laboral sistemática. Esta disociación entre el discurso institucional y la praxis administrativa despoja de contenido real a los principios rectores de la UNSa, reduciendo la protección de los trabajadores y trabajadoras a una mera formalidad carente de ética y compromiso social.