El hecho ocurrió en 2018 en barrio Ceferino y la víctima sufrió el estallido de su ojo derecho. El efectivo recibió una pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial. Otros dos policías fueron absueltos.
Un miembro de la Policía de Salta fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo como autor del delito de vejaciones calificadas, por dispararle a un joven en el ojo con un arma marcadora (pistola de paintball) en 2018. El juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, dictó el fallo y también absolvió a otros dos efectivos policiales del mismo delito por retiro de la acusación fiscal.
Según consta en la causa, el hecho ocurrió la mañana del 19 de agosto de 2018, cuando el damnificado estaba en su domicilio en barrio Ceferino con unos amigos y un efectivo le disparó con un arma marcadora. La víctima fue auxiliada por un vecino que lo trasladó en su vehículo particular al Hospital San Bernardo. En el nosocomio, el oftalmólogo examinó al joven y le diagnosticó “estallido de ojo derecho” por impacto de proyectil.
El juez Pereyra impuso al condenado una serie de reglas de conducta durante tres años: fijar domicilio y someterse al control del Programa de inserción social y supervisión de presos y liberados; prohibición total de acercamiento a la víctima y a su grupo familiar en sus domicilios particulares y lugares que ellos frecuenten en un radio de 200 metros; prohibición de realizar actos de violencia física, psíquica o moral en su contra y de contactarse con ellos por cualquier medio; abstenerse de abusar de bebidas alcohólicas y de consumir estupefacientes; realizar tratamiento psicológico previo diagnóstico acerca de su necesidad y presentar las constancias de su evolución.
El juez dispuso que la prohibición de acercamiento, de entablar contacto y de ejercer actos de violencia en contra del denunciante y de su grupo familiar rija en carácter cautelar hasta que la sentencia quede firme. Por el Ministerio Público intervino la fiscal penal de Derechos Humanos, Claudia Geria. La defensa de los acusados estuvo a cargo de Pablo Alberto González.
