Se presentó una denuncia ante la Justicia Federal solicitando una investigación penal urgente sobre la represión llevada a cabo en Jujuy durante las protestas contra la reforma constitucional impulsada por el gobierno de Gerardo Morales. Se recopilaron testimonios y pruebas que revelan prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy, incluyendo golpes, malos tratos, disparos de balas de goma y detenciones arbitrarias.
La presentación judicial realizada por la Secretaría de Derechos Humanos se basó en las denuncias recibidas durante las visitas realizadas a la provincia. Víctimas de la represión relataron haber sufrido violencia física y detenciones injustificadas, incluso lejos de las manifestaciones. Además, se señaló el uso de vehículos sin identificación, allanamientos sin orden judicial y la presencia de agentes infiltrados entre los manifestantes.
En la denuncia, según informó Télam, se destaca una presunta actuación organizada de manera ilícita desde las altas esferas del Gobierno de la Provincia. También se menciona que el gobernador Gerardo Morales difundió antecedentes judiciales de supuestos manifestantes en sus redes sociales, información que debería ser manejada exclusivamente por el Poder Judicial.
En respuesta al habeas corpus presentado por la Secretaría, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes. Además, instó al gobierno de Morales a iniciar una instancia de mediación, la cual no ha sido cumplida hasta el momento.
El secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, encabezó dos visitas a Jujuy para monitorear las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión. Durante su visita, se entrevistó con manifestantes, recogió testimonios y constató el estado de los detenidos. Sin embargo, se le impidió el acceso al hospital local donde se encontraban los heridos más graves a causa de la represión.
La gravedad de la situación en Jujuy ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han expresado su preocupación y han instado al gobierno provincial a respetar los derechos humanos.
