lunes 4 de marzo de 2024
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La Justicia como sucursal del Opus Dei | Lo que dicen de Salta tras la detención de una médica por practicar un aborto legal

El caso de Miranda Ruiz sigue deslizando al análisis sobre las características de una provincia en donde la religiosidad atraviesa a los poderes del Estado, aunque la Justicia es la encargada de obstaculizar la ampliación de derechos.

Mariana Carbajal es periodista de Página 12. Hace muchos años que aborda las problemáticas de género y forma parte de la amplia corriente de mujeres que fue ganando derechos en las últimas décadas. Lo ocurrido el viernes en la ciudad de Tartagal cuando un juez ordenó la detención de una profesional que practicó un aborto legal hizo que posara sus ojos en las características de nuestra provincia.

Tras explicar que no se puede obligar a abortar a una mujer por las características del procedimiento que se usa tal como lo explicó la propia Miranda Ruiz en una entrevista con un canal de Tartagal, Carbajal repara en que no es casual que una denuncia de este tipo se haya dado en nuestra provincia. No solo la que empezó a violar la confidencialidad de la historia clínica de la joven fue una conocida militante antiderechos de la zona: la concejal y responsable de Acción Social y Familia, de Salvador Mazza, Claudia Subelza quien se refirió al caso públicamente, denunciando que la habían obligado a ingresar a un quirófano, cosa que era absolutamente falsa porque los procedimientos se realizan con pastillas.

Municipalidad de Salta

“Hay un contexto que no puede pasarse por alto. En 2017, una sentencia de la Corte Suprema frenó el dictado de catecismo en las escuelas públicas de Salta porque hasta ese momento era obligatorio para todxs lxs alumnas y alumnos. En estos años, escribí sobre numerosos casos en esa provincia de niñas violadas y forzadas a parir, a ser madres contra su voluntad, porque jueces antiderechos les impedían acceder a una ILE, legales desde 1921. En 2012, recordemos, el entonces gobernador Juan Manuel Urtubey llegó a dictar un decreto que estableció un protocolo de actuación en casos de ILE violatorio de lo que había dictado la propia Corte Suprema de la Nación sobre los abortos no punibles en 2012 en el fallo FAL . En 2013, la corte salteña convalidó tanto la enseñanza católica como el protocolo restrictivo de Juan Manuel Urtubey. Ese es el Poder Judicial en la provincia”, escribió Carbajal.

La periodista recordó también los antecedentes del juez que ordenó la detención de Miranda Ruiz: Héctor Fernando Mariscal Astigueta, el juez al que se le había pedido un jury para destituirlo por su mala actuación en el caso de la niña wichi de 12 años conocida como “Juana” que sufrió una violación colectiva en noviembre de 2015 y que CUARTO repasó el viernes pasado. “Pero Astigueta no fue destituido. Lo salvó un entretejido antiderechos bien robusto (…) En Salta, ´se dice que el Poder Judicial es una sucursal del Opus Dei´, me comentó ayer una periodista con larga trayectoria en la provincia”, dice la nota publicada hoy por Página 12.

Allí se recuerda también que Salta es la única provincia en donde avanza una acción colectiva en la justicia federal para frenar la aplicación de la Ley 27.610 que legalizó el acceso al aborto dentro de las 14 semanas de gestación. “La Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por dos votos contra uno, concedió a un grupo de personas encabezado por la exsenadora nacional y actual diputada provincial Cristina Fiore Viñales –de militancia celeste– y con el patrocinio legal del ex ministro de la Corte Suprema Rodolfo Barra y el constitucionalista Alberto Bianchi -conocidos abogados antiderechos- la legitimidad que reclamaban para litigar contra la constitucionalidad de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo (IVE). En primera instancia, su planteo había sido rechazado, pero acaba de ser avalado en segunda instancia. El Estado va a recurrir esa sentencia por gravedad institucional: estaría trabajando en un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema de la Nación, del mismo modo que tres organizaciones de derechos humanos, que intervienen en la causa, Mujeres x Mujeres, Amnistía Internacional y Equipo Latinoamericano de Justicia y Género”. Tras ese relato, Carbajal recorre en el recorrido político anti derechos de Cristina Fiore que acá no resulta importante repetir por lo conocido que es su caso.

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