Aún persisten incógnitas y líneas de investigación pendientes, pero el Tribunal Oral Federal 6 ha sido designado para llevar a cabo el juicio mientras se continúa investigando.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti envió a juicio oral y público a los presuntos coautores del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A pesar de la oposición de la querella de la exmandataria, la magistrada decidió clausurar parcialmente la investigación y elevar a juicio a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, quienes son acusados de participación en el ataque.
La resolución de la jueza se produjo luego de que el abogado de Carrizo avalara la elevación a juicio y antes de que el nuevo abogado de Uliarte pudiera hacer presentaciones que retrasaran el proceso. La querella había planteado la necesidad de avanzar en otras líneas investigativas, como la denominada «pista Milman», antes de llevar el caso a juicio, pero la jueza desestimó esos argumentos.
La causa continúa generando interrogantes, ya que aún no se conocen detalles sobre los roles y las motivaciones de los acusados. Los abogados de la querella cuestionaron el encubrimiento y reclamaron el esclarecimiento de las incógnitas que rodean el caso, como el uso de certificados falsos de discapacidad y documentos de identidad de otras personas en posesión de los imputados.
El Tribunal Oral Federal 6 fue designado para llevar a cabo el juicio, mientras que la investigación seguirá en curso para profundizar en las líneas pendientes y las posibles sugerencias de las partes involucradas o terceros.
Minutos después de la decisión de la magistrada, la Cámara Federal de Casación Penal llevó adelante el sorteo de rigor y resultó elegido el Tribunal Oral Federal (TOF) 6, para llevar a cabo el debate.
El fiscal a cargo de la causa había señalado previamente que no se encontraron pruebas de financiamiento externo o de una inversión significativa para llevar a cabo el ataque. Sin embargo, la querella insiste en la existencia de líneas de investigación pendientes que podrían revelar una posible autoría intelectual.
A pesar de los ocho meses transcurridos desde el atentado, los abogados de la querella consideran que aún falta conocer detalles cruciales y reclaman una investigación exhaustiva para esclarecer las motivaciones y los roles de los acusados. La incógnita sobre el uso de documentos falsos y certificados de discapacidad también añade complejidad al caso.
