El fundador de la financiera aseguró que la empresa era solvente hasta febrero de 2022. Sostuvo que las acusaciones judiciales provocaron el bloqueo de cuentas y la pérdida de confianza que derivó en el «desastre financiero».
Se reanudó hoy en Salta el juicio por estafas reiteradas contra Nelson Leonardo Cositorto, fundador de Fundación Zoe, y contra cuatro integrantes del staff local: Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, Jorge Federico Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Griselda Albornoz. El tribunal rechazó la nulidad planteada por la defensa de Cositorto tras considerar que no se vulneró el derecho de defensa.
Durante su extensa declaración, Cositorto reseñó la creación de Fundación Zoe en Colombia en 2017 y su llegada a Argentina en 2018. «La compañía comenzó a trabajar y a crecer», indicó el imputado, quien explicó que la firma se inició como Zoe Empowerment y luego se convirtió en Generación Zoe, orientada al coaching ontológico y operaciones financieras. Se autodefinió como «coach financiero, espiritual y en ventas» y mencionó haber fundado 17 iglesias en diferentes lugares del mundo.
Según informó prensa del Poder Judicial de Salta, el líder de la organización aseguró que Generación Zoe «fue una empresa solvente que pagó puntualmente hasta febrero de 2022». Según su relato, «el desastre financiero comenzó cuando una fiscal de Córdoba lo acusó de operar fuera del mercado legal y disparó un alerta internacional». Esta situación derivó en su detención, el bloqueo de cuentas bancarias y la imposibilidad de acceder a sus bitcoins, mientras se le ordenaba cesar la oferta pública de servicios en redes sociales.
Cositorto explicó que la oficina de Salta se inauguró en diciembre de 2021 bajo la dirección de Ricardo Vilardel, a quien conocía por temas de coaching. «Le mandaba el dinero que ingresaba y con esos fondos él se ocupaba de generar más estructura e ingresos», declaró. La empresa ofrecía un interés mensual del 7,5 por ciento a partir de operaciones de trading y contaba con 600 fiduciantes en Salta, aunque solo 118 presentaron denuncias.
El imputado sostuvo que cuando lo acusaron de maniobras ilegales intentó generar nuevos negocios para continuar pagando a los inversores, pero «le sacaron su capital social, que era la confianza de la gente, le retuvieron sus bitcoins y le bloquearon las cuentas». Aseveró que nunca ordenó cerrar la oficina salteña y que no tuvo intención de estafar. «Siempre quise pagarle a los damnificados», declaró, al tiempo que se declaró inocente junto a sus coimputados, a quienes describió como «el soporte» de la oficina.
Posteriormente se inició la recepción de pruebas testimoniales con la declaración de ocho damnificados. Algunos precisaron que se contactaron con Vilardel en el contexto de la iglesia donde oficiaba como pastor. Cositorto está acusado de estafas reiteradas (118 hechos) y asociación ilícita, mientras que sus coimputados enfrentan los mismos cargos. Según la investigación, Generación Zoe operaba mediante un esquema fraudulento que prometía rentabilidades de hasta 120 por ciento anual, financiadas con aportes de nuevos inversores.
