Un informe de la Fundación Encuentro revela que bajo el gobierno libertario ya se marca un elevadísimo aumento en el peso de los servicios de gas y electricidad sobre los ingresos de hogares vulnerables.
El impacto económico de los servicios públicos en los hogares argentinos de menores recursos ha experimentado un incremento alarmante, según revela un reciente estudio de la Fundación Encuentro. El análisis muestra que el peso del pago de gas natural y energía eléctrica en relación con los ingresos de las familias más vulnerables se ha más que triplicado, pasando del 3,9% en noviembre de 2023 al 12,8% en agosto de 2024. Este aumento significativo refleja una creciente presión financiera sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
El informe destaca también un marcado aumento en el costo de la generación eléctrica, que alcanzó los US$ 95,5 por Mwh en julio, representando el valor más elevado desde el mismo mes del año anterior y superando el promedio de costos registrado entre 2013 y 2023. Este incremento en los costos de producción se ha traducido directamente en mayores tarifas para los consumidores, afectando de manera desproporcionada a las familias de bajos ingresos.
La Fundación Encuentro señala un cambio significativo en la política de subsidios energéticos del gobierno. Se ha pasado de un sistema que focalizaba las ayudas en los hogares de ingresos medios y bajos, a uno que subsidia a todos los usuarios residenciales sin distinción. Esta nueva estrategia ha resultado en una carga financiera más pesada para las familias con menos recursos, quienes ahora deben destinar una mayor proporción de sus ingresos al pago de servicios básicos.
El estudio critica la falta de transparencia del gobierno respecto a sus planes futuros para la eliminación de subsidios, lo que genera incertidumbre entre la población sobre los costos venideros de los servicios públicos. Además, la Fundación cuestiona la afirmación oficial de que los usuarios deben pagar «lo que realmente cuesta la energía», argumentando que el valor final está influenciado por decisiones políticas en diversos componentes del sistema energético. El informe concluye abogando por una política energética enfocada en la reducción de costos del sistema, que podría aliviar la carga económica sobre los usuarios sin comprometer la calidad del servicio.
