Una de las funcionarias del organismo nacional en Salta se detuvo en el caso ocurrido la semana pasada en el Hospital de Tartagal: la pretensión de cobrar 27 mil pesos a una mujer de nacionalidad boliviana.
Fue en el programa Cuarto Oscuro que se emite por la señal de FM La Cuerda (104.5) donde el Instituto despliega todos los lunes una columna institucional. La misma fue utilizada hoy para recordar que la semana pasada el organismo nacional con presencia en Salta intervino “en un caso que luego tuvo trascendencia mediática. Se trató de una mujer que había tenido a su niña en el Hospital de Tartagal y por tratarse de una mujer de nacionalidad boliviana, el nosocomio pretendió cobrarle 27 mil pesos y hasta no cumplir con el pago se le retenía documentación de la niña, sobre todo el certificado de “Nacido Vivo”. Por supuesto intervenimos y el Hospital entregó la documentación a la madre y el caso seguirá su curso administrativo”, dijo a modo introductorio Sofía Müller, funcionaria del organismo.
“Usando esa situación como disparador, revisando cómo los medios trataron el tema y analizando la reacción de los lectores decimos que nos sigue preocupando el modo en el que se abordan las temáticas vinculadas a los migrantes y en este caso ´migrantes, género y niñez´ porque en un caso como este el primer derecho que se vulnera es el derecho a la identidad de la niña, además de la violencia obstétrica como violencia de género que se genera y también está la cuestión de la Ley Migratoria”, resaltó.
En ese marco, Müller remarcó que la Ley 25.871 no contempla a las personas migrantes o extranjeras como ilegales. Esas personas pueden estar en dos categorías: ser regular o irregular y eso sólo es un trámite administrativo y nunca puede ser un delito. En todo caso es el Estado también el que debe acompañar para que la situación de irregularidad cese. En definitiva, es necesario insistir en que no existe la persona migrante ilegal y que aquellos que se encuentran en territorio nacional – sin importar su nacionalidad – tienen garantizado los mismos derechos que cualquier otro argentino. Esa es una visión absolutamente humanitaria y de avanzada en relación a las concepciones de derechos humanos que tenemos en el país”, concluyó.
