Lo informó la Fiscalía Penal de Derechos Humanos de la provincia. Las cifras se dan en medio de la polémica por el recibimiento que hicieron autoridades del Ministerio de Seguridad al ex policía condenado Luis Chocobar.
“Sólo hasta el 22 de marzo el Ministerio Público Fiscal de Salta informaba que eran 745 las denuncias contra efectivos policiales, pero ese número se incrementó en la actualidad y ya superó las mil denuncias en todo el territorio salteño”, reseñó la sección local del diario Página 12 en su edición de hoy.
El mismo medio consignó además que la delegación Salta de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, comunicó que desde julio del año pasado hasta hoy, recibieron 50 denuncias a través del sistema web del organismo. De ese número, al menos 15 son de este año y la mayoría de ellas proviene de comunidades indígenas del interior provincial.
En medio de esa coyuntura, la visita del ex policía condenado – sin prisión efectiva – por matar por la espalda a un delincuente en el barrio porteño de La Boca generó revuelo en los organismos de DDHH de la provincia y el INADI que repudiaron el encuentro entre funcionarios del gobierno provincial y Chocobar.
Desde la Dirección de Asistencia a la Víctima del INADI comunicaron que durante el 2020 el ámbito de las fuerzas de seguridad reunió el 3% de las consultas recibidas por prácticas discriminatorias, siendo uno de los diez ámbitos más consultados por la población.
Por eso, el delegado local consideró que el Comité de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la provincia debe ponerse de forma inmediata en funcionamiento. Para su activación sólo falta que el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, a cargo de Ricardo Villada, lo oficialice, lo que viene demorándose desde principios del año pasado.
Ya en 2020 se completaron las designaciones de los miembros que faltaban, mediante concurso público se eligió al representante de la Cámara de Diputados mientras que el Senado nombró a un representante interino. Este año se le asignó un presupuesto, pero a más de tres años de la sanción de la Ley 8024, que crea este organismo, el Comité sigue sin funcionar.
