En finca Carina, cerca de Aguas Blancas, unas 5.000 personas trabajan cada día trasladando mercadería desde Bolivia. La actividad informal moviliza millones y tiene impacto directo en la economía de Orán.
En las inmediaciones de Aguas Blancas, al norte de la provincia de Salta, una finca conocida como Carina se ha convertido en uno de los puntos clave para el ingreso informal de mercaderías provenientes de Bolivia. José, el encargado del lugar, brindó detalles a Radio Güemes sobre el funcionamiento de esta cadena laboral que emplea a unas 5.000 personas, quienes cruzan diariamente productos como ropa, calzado y electrodomésticos mediante gomones desde la ciudad boliviana de Bermejo.
La finca, arrendada por José a la propietaria Gladis Zalazar —residente en Orán—, funciona como un centro de acopio y tránsito, donde los llamados «pasadores» o «bagayeros» trasladan la mercadería desde el río hasta puntos de distribución. La magnitud de la operación es tal que incluso se han instalado puestos de comida, bebidas y entretenimiento para los trabajadores. La actividad es una fuente económica central para muchas familias de la zona.
Según el encargado, algunos pasadores llegan a ganar entre $100.000 y poco más de $300.000 por día, lo que ha atraído a personas que abandonaron empleos formales en comercios, organismos públicos e incluso fuerzas de seguridad. José también cobra una tarifa de $2.000 por el ingreso de vehículos, con el argumento de destinar esos fondos al mantenimiento del camino y a la seguridad del predio.
A pesar de la magnitud de la operación, el lugar cuenta con presencia de Gendarmería y Policía Federal, aunque su función se limita a controlar el ingreso de productos prohibidos como hojas de coca y cigarrillos, los cuales —según explicó— son trasladados por otros desvíos. La actividad, si bien informal, se desarrolla a la vista de las autoridades y con un impacto evidente en la economía regional.
Frente a la posibilidad de que el Estado refuerce los controles o restrinja el paso, José advirtió que deberían generarse al menos 5.000 puestos de trabajo formales con salarios dignos para reemplazar esta fuente laboral. Sin embargo, reconoció que el cierre de finca Carina no detendría el fenómeno: los trabajadores buscarían nuevas rutas para continuar con una actividad que, aunque ilegal, sostiene a buena parte de la población local.
