El Ministerio de Capital Humano enfrenta múltiples intimaciones judiciales por su gestión alimentaria y de atención a sectores vulnerables, entre ellas la que interviene el juez Casanello.
La Justicia Federal le exige al Ministerio de Capital Humano una rendición de cuentas sobre la distribución de alimentos destinados a los sectores más necesitados del país. El juez federal Sebastián Casanello ha emitido una nueva resolución, otorgando un plazo perentorio de 72 horas para que la cartera liderada por Sandra Pettovello presente un informe exhaustivo sobre el destino final de los víveres repartidos en colaboración con la Fundación Conin, incluyendo los remitos firmados por los beneficiarios.
La intimación judicial no se limita a la documentación sobre la distribución, sino que también requiere la presentación de copias de los convenios firmados con las distintas jurisdicciones provinciales y la Ciudad de Buenos Aires relacionados con el plan de reparto alimentario. Asimismo, el magistrado ha solicitado información específica sobre el estado de distribución de productos como la leche en polvo marca Cotar y las pasas de uva almacenadas en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, cuya fecha de vencimiento estaría próxima.
Este nuevo requerimiento se suma a una serie de intimaciones previas que el Ministerio de Capital Humano ha recibido y apelado sistemáticamente. En junio, el juez Casanello ya había exigido la presentación de un plan de distribución para los alimentos almacenados en depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo. La cartera respondió informando sobre un convenio con la Fundación Conin y una coordinación con el Ministerio de Defensa para la distribución, pero aparentemente esto no ha sido suficiente para satisfacer las demandas judiciales.
La situación se complica aún más para el Ministerio, ya que durante la feria judicial de invierno, el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, también emitió dos intimaciones para que se garantice el derecho a la alimentación, en respuesta a una acción impulsada por el CELS y la UTEP. Este expediente se desarrolla en paralelo a la denuncia penal presentada por el dirigente social Juan Grabois, que está siendo investigada por el juez Casanello y la fiscal Paloma Ochoa, poniendo de manifiesto la creciente presión sobre la gestión alimentaria del gobierno.
