Sindicatos y empresarios no lograron acuerdo en el Consejo del Salario. La brecha entre las propuestas fue insalvable, dejando la decisión en manos del Ejecutivo.
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil concluyó sin éxito sus negociaciones este jueves, obligando al Gobierno a intervenir para establecer el nuevo piso salarial. La reunión, que contó con la participación de representantes sindicales, empresariales y gubernamentales, evidenció una marcada discrepancia entre las partes, imposibilitando un acuerdo consensuado.
Las centrales sindicales unificaron su posición, demandando un salario mínimo de $482.000 para julio y $505.000 para agosto, lo que representaría aumentos del 106% y 116% respectivamente. En contraste, el sector empresarial propuso montos significativamente menores: $245.000 para julio, incrementándose gradualmente hasta alcanzar $264.000 en octubre. Esta disparidad en las propuestas llevó a un punto muerto en las negociaciones.
Ante este escenario, el Gobierno se ve nuevamente en la posición de tener que laudar, tal como ocurrió en la última oportunidad. Esta situación se da en un contexto donde el salario mínimo actual tiene un poder adquisitivo 32,1% inferior al de noviembre pasado, según informes del Centro de Investigación y Formación de la CTA.
La Confederación General del Trabajo (CGT) no tardó en reaccionar, calificando como «vergonzosa» la oferta empresarial. En un comunicado, la central obrera instó al Gobierno a no convalidar automáticamente esta propuesta, argumentando que «pocas soluciones traería a los sectores que más lo necesitan». La CGT enfatizó la urgencia de recomponer el salario mínimo, destacando la brecha entre su propuesta de $480.000 y los $245.094 ofrecidos por los empresarios para julio.
El Ministerio de Trabajo ahora tiene la tarea de definir el nuevo salario mínimo y los montos de la prestación por desempleo mediante un laudo. Esta decisión se produce en un contexto económico complejo, con una inflación acumulada que supera el 136% desde noviembre de 2023.
