La administración nacional aplica despidos masivos y recortes presupuestarios en áreas clave de DDHH. Organismos defensores denuncian un ataque sin precedentes a políticas de Estado fundamentales para la democracia argentina.
El gobierno encabezado por Javier Milei ha intensificado el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, provocando una ola de despidos y recortes presupuestarios que han generado alarma entre organizaciones defensoras de derechos humanos. La situación, calificada como una «emergencia de la Memoria» por estos grupos, ha resultado en la desvinculación de casi 100 trabajadores y la interrupción de programas cruciales para el mantenimiento de políticas de Estado en materia de derechos humanos.
Los despidos más recientes han afectado a áreas como la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el Centro de Atención a Víctimas de Derechos Humanos Fernando Ulloa. Según informes de ATE, muchos de los trabajadores despedidos contaban con más de una década de experiencia en sus respectivos campos. Este proceso de desarticulación se extiende también a otros sectores fundamentales como el Archivo Nacional por la Memoria y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad.
La decisión del gobierno se enmarca en un plan más amplio liderado por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que busca reestructurar drásticamente la cartera a su cargo, incluyendo la eliminación de miles de contratos. Esta medida podría resultar en el despido de más de la mitad del personal del ministerio, mientras que los trabajadores que conserven sus puestos enfrentarían una precarización laboral significativa, con contratos temporales, reducción salarial y pérdida de derechos adquiridos.
Organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora y H.I.J.O.S. Capital, han expresado su enérgico rechazo a estas acciones gubernamentales. En un comunicado conjunto, estas organizaciones advirtieron que defenderán el derecho al trabajo y la continuidad de las políticas de Estado que consideran logros fundamentales de la sociedad argentina y pilares de su sistema democrático.
La situación ha generado una profunda preocupación no solo por la interrupción de políticas públicas esenciales, sino también por el impacto humano en los trabajadores del sector. El clima de angustia y desesperación ha alcanzado niveles críticos, evidenciados trágicamente por el fallecimiento de un empleado del Ministerio debido a un infarto, en un incidente que puso de manifiesto las precarias condiciones laborales resultantes de los recortes. Este hecho ha intensificado las críticas hacia la gestión actual y su enfoque en el desmantelamiento de estructuras estatales dedicadas a la protección de los derechos humanos.