miércoles 21 de febrero de 2024
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Derechos Humanos en default | Menos sentencias y más presiones domiciliarias para genocidas

El 2018 es el año de menos sentencias desde el 2010. Paralelamente, se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención: 641 sobre un total de 989 genocidas condenados.

A doce años de la reapertura de los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar; un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que encabeza la fiscal federal María Ángeles Ramos, contabiliza 575 causas en trámite, en las que están o estuvieron imputados un total de 3081 personas.

La primera conclusión alarmante a la que arribó el informe es que mientras en doce años se dictaron 218 sentencias (38% del total), el bloque mayoritario de causas (251, un 44%) todavía está en la etapa de instrucción, la primera del extenso proceso penal.

“En 2017 la Procuraduría destacó que fue el año con mayor número de sentencias (27). Este año, en contraposición, se produjo un notorio retroceso: apenas 17 veredictos, el número más bajo desde 2010 (…) Actualmente hay 17 juicios en curso y apenas 11 con fecha de inicio confirmada para 2019”, enfatiza Página 12 en su edición de hoy destacando también que si el análisis se realiza por imputados y no por causas, el retroceso es más evidente: este año recibieron sentencia 108 personas, menos de la mitad que en 2017. “De los más de 3000 que llegaron a ser imputados por un fiscal, una sexta parte (537) murió sin sentencia y poco más de un tercio (1024) recibió su veredicto: hay en total 891 condenados y 133 absueltos. Ese dato, sumado a las 172 faltas de mérito y los 85 sobreseimientos en las instancias iniciales de las investigaciones, ratifican las amplias garantías de las que gozan los imputados” enfatiza el informe.

El análisis de las “trayectorias temporales” de las causas, muestra que las etapas de elevación, juicio y confirmación (o no) de la sentencia en las instancias recursivas demoran en promedio cinco años. El dato implica que, aún en la hipótesis de que en los próximos meses los fiscales requirieran la elevación de las 200 causas en instrucción, la finalización de esos procesos se produciría recién en 2025. La confirmación de las sentencias por parte de la Cámara Federal de Casación Penal es la instancia donde se produce la mayor demora (dos años en promedio).

El diagnóstico de la Procuraduría destaca la baja significativa en el número de elevaciones a juicio y de sentencias dictadas y también las demoras que son regla en las instancias recursivas: sólo un 27% de los condenados y un 15% de los absueltos tiene sentencia firme.

La última parte del informe analiza la reducción significativa del número de detenidos, que asciende a 989 en diciembre; mientras tanto, entre las personas privadas de la libertad se consolidó el arresto domiciliario como forma de detención predominante (65%). Esa tendencia se profundiza (77%) entre los represores de más de 70 años, y prácticamente se convierte en regla (82%) entre los septuagenarios que tienen condenas pendientes de confirmación.

Actualmente hay 1384 procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad en libertad. La comparación interanual desde que asumió Macri muestra que, más allá de su fracaso en instaurar el beneficio del 2×1 para los represores, la cifra (que combina excarcelaciones con nuevas imputaciones sin prisión preventiva) fue en constante aumento, desde 791 en 2015 hasta los casi 1400 en el presente.

Del total de detenidos (989), en tanto, la gran mayoría (641, el 65%) goza de arresto domiciliario, cifra que también creció sin pausa desde 2015. En contraposición, se redujo año a año el número de presos en cárceles comunes (de 603 en 2015 a 262 en 2018) y aumentó la cantidad de alojados en la unidad penal de Campo de Mayo, donde se triplicó la cifra (de 28 a 86) desde que asumió Macri hasta el presente.

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