El Observatorio “Abuelas de Plaza de Mayo” realizó un balance del año 2018 y expresó preocupación por “la estigmatización de la militancia y de los movimientos de Derechos Humanos”.
A través de un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos “Abuelas de Plaza de Mayo” realizó un balance del año 2018 y advirtió que “se produjeron sucesos que configuraron un retroceso histórico en las políticas públicas que se venían implementando en nuestro país”.
Además, reconoció la preocupación por “la estigmatización de la militancia y de los movimientos de Derechos Humanos, que alcanzaron su expresión más patente en los hechos que siguieron a la celebración del Día de la Memoria”.
La mirada del Observatorio es, no obstante, esperanzadora porque “Afortunadamente, este año nos deja dos casos que dan cuenta de las profundas transformaciones que experimenta nuestra provincia y del fortalecimiento de las organizaciones civiles”. Los casos destacados son “el fallo de la Corte Suprema que ordenó a la provincia cumplir con los mandatos constitucionales y las leyes nacionales, garantizado la educación laica en las escuelas estatales de gestión pública” y “el reciente episodio que tuvo como escenario a un colegio católico de larga trayectoria en la provincia movilizó y activó la defensa de los Derechos en virtud de reconocer la diversidad sexual y la aplicación de la Ley de Identidad Autopercibida”.
A continuación, el documento completo del Observatorio de Derechos Humanos IES 6.053 “Abuelas de Plaza de Mayo”:
Consideramos que en el año 2018 se produjeron sucesos que configuraron un retroceso histórico en las políticas públicas que se venían implementando en nuestro país, y observamos un peligroso avance de discursos que no respetan las leyes vigentes en nuestro país y en tratados internacionales ratificados por el mismo.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos del IES 6.053 “Abuelas de Plaza de Mayo” consideramos que los desafíos para la provincia de Salta en materia de derechos requieren del robustecimiento del Estado en cuanto al desarrollo de políticas de promoción y defensa de los derechos humanos, como así también del trabajo mancomunado de diferentes actores de nuestra sociedad para combatir los discursos que promueven prácticas de desigualdad, discriminación y violencia.
Miramos con preocupación la estigmatización de la militancia y de los movimientos de Derechos Humanos, que alcanzaron su expresión más patente en los hechos que siguieron a la celebración del Día de la Memoria. Las pintadas de pañuelos blancos (que simbolizan la lucha de las madres y Abuelas de Plaza de Mayo) realizadas en diferentes instituciones y espacios públicos fueron borradas o tachadas por organizaciones civiles y ciudadanos particulares. El caso de las pintadas conmemorativas en la Plaza Belgrano, que fueran borradas por una organización gauchesca que decía “defender la memoria nacional”, alcanzó un nivel mediático y movilizó a un sector importante de nuestra sociedad.
Los delitos de lesa humanidad fueron parte de uno de los capítulos más críticos y dolorosos de la historia argentina. Entonces ¿no son los Derechos Humanos una clave para tener en la MEMORIA la sociedad que fuimos y para repensar la sociedad que queremos?
La represión de las protestas sociales y el uso de la violencia estatal sobre los ciudadanos se han incrementado considerablemente. Cuando en febrero de este año más de 200 trabajadores despedidos del Ingenio Tabacal decidieron cortar la ruta nacional 50 para visibilizar su reclamo, el gobierno provincial autorizó una salvaje represión que dejó muchos heridos. En mayo fueron reprimidas y desalojadas en La Curvita (Dpto. Rivadavia) familias wichis que, desplazadas por las inundaciones, reclamaban por luz y agua que, desde nuestra formación sostenemos que los servicios públicos, al ser de primera necesidad constituyen derechos humanos.
Durante la visita del Presidente Macri en Quijano dos militantes políticos fueron detenidos por intentar colocar una bandera de protesta, al ser liberados unas horas después.
Estos casos no son los únicos pero dan cuenta de la creciente criminalización de la protesta y de un clima de época en el que los derechos de los ciudadanos están siendo vulnerados.
La discusión parlamentaria del aborto legal, seguro y gratuito (IVE), instaló en la sociedad un profundo y reñido debate acerca de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y el derecho a decidir sobre los cuerpos de la misma. En su transcurso, el debate cobro mayor relevancia y significación ciudadana cuando las mujeres decidieron hacer frente y evidenciar que durante años sus cuerpos fueron objetos de un patriarcado machista y opresor. Ante la evidencia del movimiento activo de las mujeres, surgieron nuevos discursos antiderechos que luego recayeron en un fuerte cuestionamiento a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral. Tampoco podemos dejar de mencionar la discriminación sufrida por Tiziana en la institución educativa donde asistía violando sus derechos humanos.
Afortunadamente, este año nos deja dos casos que dan cuenta de las profundas transformaciones que experimenta nuestra provincia y del fortalecimiento de las organizaciones civiles. Por un lado, el fallo de la Corte Suprema que ordenó a la Provincia de Salta cumplir con los mandatos constitucionales y las leyes nacionales, garantizado la educación laica en las escuelas estatales de gestión pública. Este fallo, priorizó la protección de los niños de actos discriminatorios por opción religiosa, el respeto de la diversidad y el valor supremo de la igualdad. En cumplimiento de la normativa, en nuestra provincia la materia de religión (católica) pasó a dictarse en el contraturno, menos del 4% de la matrícula escolar eligió, voluntariamente, asistir a esta clase. Sin embargo, aún resta el cumplimiento efectivo del fallo, dado que se observan prácticas religiosas católicas arraigadas en la vida cotidiana escolar como así actos discriminatorios que perpetúan la desigualdad.
Por otro lado, el reciente episodio que tuvo como escenario a un colegio católico de larga trayectoria en la provincia movilizó y activó la defensa de los Derechos en virtud de reconocer la diversidad sexual y la aplicación de la Ley de Identidad Autopercibida. Miramos con aliento la Resolución Ministerial 10.202/2018 que declara éste tipo de accionar como acto discriminatorio y la consecuente sanción que otorga a la institución. A partir de este de caso se ha puesto en relieve los principios éticos de la educación pública, sea de gestión privada o estatal.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de Salta estamos convencidos de que estos dos casos cimientan las bases para una sociedad más plural e inclusiva, vislumbrando el ejercicio de una ciudadanía diferente y más participativa. Es por ello que alentamos a toda la ciudadanía a acompañar las luchas colectivas en la defensa de los derechos humanos en los diferentes ámbitos sociales, para así construir una sociedad más justa, igualitaria y con justicia social.
Aspiramos a que el 2019 sea un año para nuestra Nación con una democracia realmente representativa de los derechos del pueblo que ejerce sus derechos cívicos por medio del voto, donde se viva con libertad de expresión, se respeten los valores republicanos de la división e independencia de poderes sin condicionamientos de un poder sobre otro y no existan presos políticos.
