La dependencia de Santa Victoria Este atraviesa una crisis interna con divisiones marcadas entre el personal. Las acusaciones incluyen hostigamiento, manipulación de documentación y falta de protocolos adecuados en situaciones críticas.
Un artículo publicado recientemente señala que la Subcomisaría de Santa Victoria Este atraviesa una profunda crisis interna desde que el subcomisario Oscar Emilio Valdiviezo y la sargento Cintia Rojas asumieron la conducción de la dependencia a principios de año. La gestión del matrimonio enfrenta múltiples denuncias que incluyen discriminación hacia originarios, amenazas laborales y presuntos cobros indebidos.
Entre las irregularidades denunciadas,por ejemplo, figura el cobro de aproximadamente tres mil pesos por certificados de intransitabilidad destinados a docentes, trámites realizados sin emisión de recibos oficiales. Estas prácticas generaron denuncias por presunto fraude al Estado durante los meses de marzo, abril y mayo, cuando las lluvias dificultaban el acceso a las escuelas rurales.
Además, las comunidades wichis expresaron su malestar por el traslado de un efectivo originario que cumplía funciones de traductor para la toma de denuncias. Los caciques locales señalaron que muchos pobladores no pueden expresarse en castellano y consideran fundamental este acompañamiento para garantizar el acceso a la justicia. También denunciaron prácticas discriminatorias hacia efectivos de origen indígena y criollo.
La situación interna se caracteriza por divisiones marcadas entre el personal, con un sector alineado con la jefatura y otro en abierta disconformidad. Fuentes internas mencionan hostigamiento, amenazas con sanciones o traslados, manipulación de documentación administrativa y frecuentes ausencias de los jefes durante los horarios de servicio. Dos efectivos ya fueron trasladados tras presentar reclamos.
Las denuncias radicadas en dependencias de Tartagal y las presentaciones anónimas ante organismos superiores no habrían obtenido respuestas concretas hasta el momento, según informó Nuevo Diario. El personal asegura sentirse desprotegido y teme represalias, mientras los reclamos apuntan a la necesidad de una intervención que garantice el funcionamiento adecuado de la dependencia y el respeto por los derechos tanto del personal policial como de una población vulnerable.