Según la Casa Rosada, la medida busca aliviar “problemas transitorios de caja” en las tres provincias. También como en Salta, los adelantos deben reintegrarse con una tasa de interés fijada por el Gobierno nacional.
A mediados de abril, el Ministerio de Economía de la Nación otorgó un anticipo financiero por $259.000 millones a Salta mediante el Decreto 219/26. Allí se explicitaba que el objetivo del anticipo era atender necesidades transitorias de liquidez habilitando un anticipo total de hasta $400.000 millones para Salta, aunque lo desembolsado fueron $259.000 millones.
La letra se replicó hoy con el decreto 474/26 mediante el cual nación amplía el esquema de asistencia financiera para las provincias de Entre Ríos, Jujuy y Santa Fe con el objetivo de que hagan frente a obligaciones transitorias. Según la norma, las provincias podrán acceder a anticipos financieros por hasta $400.000 millones, aunque el monto definitivo será determinado por la Secretaría de Hacienda en función de la capacidad de repago de cada jurisdicción y de su participación en la recaudación de impuestos nacionales.
La devolución de los fondos deberá concretarse dentro del ejercicio fiscal 2026. Además, la asistencia devengará intereses calculados sobre una tasa fija nominal anual del 15%, que comenzará a aplicarse desde el momento del desembolso. Como garantía de devolución, las jurisdicciones deberán afectar los recursos que les corresponden por coparticipación federal. En ese marco, autorizarán a la Secretaría de Hacienda a realizar retenciones automáticas sobre esos fondos para cancelar el capital prestado y los intereses correspondientes.
“La decisión se suma a una medida adoptada semanas atrás, cuando la administración de Javier Milei habilitó anticipos por el mismo monto para otras 12 provincias: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán”, recordó el sitio Ámbito Financiero.
La legislación vigente permite al Ministerio de Economía otorgar este tipo de adelantos sobre recursos coparticipables, siempre que los fondos sean reintegrados dentro del mismo año fiscal y cuenten con mecanismos que garanticen su recuperación.