Si bien en los últimos años hubo en lo normativo avances como la ley de identidad de género e iniciativas que impulsan el cupo laboral, las mujeres trans continúan siendo uno de los grupos más violentados y marginalizados.
Aunque los referentes coinciden en celebrar avances evidentes y depositan grandes expectativas en las generaciones jóvenes, el feminismo y la lucha del colectivo LGTBIQ; nadie desconoce que aún queda un largo camino por recorrer.
Diferentes informes echan luz sobre la vulneración histórica y cotidiana de las mujeres trans. Varios de ellos fueron resaltados por la periodista del diario LA NACION, María Ayuso: la expectativa de vida es de 35 años; seis de cada 10 abandonan sus estudios secundarios; el 83% fueron víctimas de graves actos de violencia y discriminación policial; el 46% viven en viviendas deficitarias, y el 34% tienen VIH y dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales.
El mismo informe publicado hoy en ese medio, resalta que la mayoría terminan ejerciendo la prostitución como única forma de subsistencia: “según un informe de la Fundación Huésped y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de la Argentina (Attta), 6 de cada 10 la ejercen, el 87% comenzaron antes de cumplir 19 años y el 87% la dejarían si tuviesen otra posibilidad”, se enfatiza.
Valeria Pavan, vicepresidenta y coordinadora del Área de Salud de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), resume el círculo de la exclusión: «Para la mayoría de las personas trans, la primera expulsión es la del hogar. Las demás instituciones sociales lo que hacen es replicar esa forma de violencia: te excluyen de la educación, de la salud, de la posibilidad de acceder a un trabajo formal y una vivienda».
Hace unos días se conoció que el Censo 2020 – a pedido de organizaciones LGBTIQ y recogida por el Indec – incluirá por primera vez la noción de identidad de género: se consultará cuál es el sexo de nacimiento, entre los cuales hay que elegir mujer o varón, y, después, cuál es la identidad de género autopercibida por esa persona, pudiéndose optar entre mujer, varón, mujer trans, varón trans, otro o ignorado. Esta inclusión resulta crucial porque permitirá contar con información para el desarrollo de políticas públicas.
Las cifras que se cuentan en la actualidad son las del Renaper, que visibilizan únicamente a aquellas personas trans que realizaron el cambio de género en su DNI, y que por ende no son representativas del universo. Desde 2011 hasta la fecha, hubo 8735 casos. La mayoría corresponden a la provincia de Buenos Aires (2738) y CABA (971). Siguen Santa Fe (788), Córdoba (779), Salta (502) y Tucumán (387). Con respecto a las edades, el mayor número de casos (3285) se concentra entre los 22 y los 30 años. Los de 18 años y menos, fueron 636.
El informe remarca también que uno de los principales reclamos del colectivo es la implementación de la ley 14.783 de cupo laboral trans. Al día de la fecha está vigente en la provincia de Buenos Aires, vigente, pero no reglamentada por el ejecutivo y establece que el 1% de los 600.000 empleos estatales (6000) sean para personas trans que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo. “Además, se está impulsando la sanción de una norma a nivel nacional, que actualmente cuenta con estado parlamentario”, destaca LA NACION.
“Conseguir un trabajo formal es para las mujeres trans una odisea. En ese contexto, hay iniciativas que buscan generar oportunidades. Un ejemplo es «Contratá trans», impulsada por Impacto Digital, el Bachillerato Mocha Celis, Accenture y Gire. Se trata de una plataforma virtual de oportunidades próxima a lanzarse y que centralizará las redes informales que ya existen”.
