La ley determina que los puestos del Estado deben ser ocupados al menos en un 1% por personas de ese colectivo. Informes evidencian que se contrató menos del 6% de lo que corresponde y que un 16% de esa porción lo hicieron en planta permanente.
De acuerdo a un informe de la fundación Fundar, el Cupo Laboral Travesti, Trans y No Binarie (TTNB) del 1% equivale a la incorporación de 5.551 personas en la Administración Pública Nacional. Durante casi el primer año de vigencia del cupo (9 de julio de 2022), se contrataron un total de 313 personas, lo que representa menos del 6% de lo determinado por ley.
La Ley 27.636 establece que el sector público nacional (en los tres poderes del Estado) debe reservar, al menos, el 1% de sus cargos y vacantes para personas travesti-trans. A su vez, invita a las universidades a adherirse. El cumplimiento queda en manos de la Unidad de Coordinación, que deberá articular con los Ministerios de Educación y de Trabajo junto con el Instituto Nacional de la Administración Pública. “Sin embargo, no se cuenta con información suficiente para dar cuenta de la implementación de mecanismos o protocolos para garantizar el acceso a la escolaridad formal y a ámbitos de formación laboral” destaca el informe publicado por el sitio El Destape.
Las personas mayores de 40 años representan sólo el 14% de las contrataciones. Esta realidad «es provocada por la persecución policial y judicial, la exclusión de la salud, la exclusión educativa y la ausencia de políticas públicas alrededor de la vivienda, el trabajo, la formación y la inclusión de la población TTNB en toda la estructura política, social, cultural y económica», señaló el documento.
El relevamiento muestra que el 91% de las contrataciones se dieron en organismos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Por otra parte, se observaron datos preocupantes relacionados con la falta de medidas para acompañar e impulsar una inclusión laboral efectiva y sostenible para las personas: sólo el 16% de las personas que ingresaron tienen un contrato de planta permanente.
Otro fator problemático, se detectaron dificultades para acceder a coberturas de salud que contemplen los tratamientos transicionales en un 58% de las personas encuestadas. Tanto obras sociales como prepagas son áreas especialmente difíciles a la hora del acceso a los derechos de salud que corresponden por ley. En los últimos años, se registró una mayor reacción negativa hacia la incorporación de personas travestis-trans como afiliadas y ante la solicitud de tratamientos, intervenciones quirúrgicas, como así también una falta de corrección de datos en los sistemas.