En horas de la madrugada y con 24 votos de diferencia, se aprobó en la cámara baja el proyecto que ahora deberá debatirse en el Senado.
Alrededor de las 6.30 y con 134 votos a favor, 110 negativos y sin abstenciones, el oficialismo logró la media sanción esta iniciativa que cuenta con 86 artículos e implica una delegación amplísima de facultades al Poder Ejecutivo hasta el 31 de diciembre de 2020.
Con algunas medidas más cuestionadas que otras tanto por los opositores como por la población que se verá “perjudicada”, esta ley deberá definirse en el futuro cercano y en la órbita del Senado de la Nación.
Entre sus diversos puntos, prevé la reestructuración tarifaria del sistema energético con “criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva”, y establece “planes de regularización de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social para Pymes”.
En otro ítem, expresa la intención de “fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales considerando los distintos regímenes que lo integran como un sistema único, con la finalidad de mejorar el poder adquisitivo de los que perciben los menores ingresos”.
El proyecto contiene medidas tendientes a aumentar la recaudación fiscal con una suba de impuestos y la declaración de la emergencia económica para que el Ejecutivo tenga mayores facultades para tomar decisiones en áreas como la renegociación de los precios de las tarifas, o establecer los aumentos jubilatorios.
La sesión comenzó a 3 de la tarde, ayer, cuando terminaron de jurar los 23 nuevos diputados en reemplazo de los que tomaron cargos ejecutivos en Ministerios y Secretarías.
Entre los detalles afinados en el debate está que en el dictamen se incluyó que las alícuotas de los derechos de exportación para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible o del precio oficial. Mientras que el 67% del valor incremental de los derechos de exportación previstos en esta ley será destinado al financiamiento de los programas a cargo de la ANSES y las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.
Por otra parte, el 3% se destinará a la creación de un fondo solidario de competitividad agroindustrial “para estimular la actividad de pequeños y medianos productores, y cooperativas a través de créditos para la producción, innovación, agregado del valor y costos logísticos”. Dicho fondo será administrado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
Sobre el punto de jubilaciones, el Gobierno dio marcha atrás con la suspensión de la movilidad jubilatoria para docentes, universitarios y científicos.
A partir de las 14 está previsto que sesione el Senado, donde el proyecto deberá ser habilitado sobre tablas con dos tercios de los presentes.
