El arribo a ese poblado del municipio de Santa Victoria Este (Rivadavia) tiene por objeto realizar un relevamiento y coordinar la mayor presencia de la fuerza hasta que la Policía Comunitaria comience a trabajar en busca de consensos.
El viernes pasado varios funcionarios del gobierno provincial junto a legisladores analizaron la situación para evitar que la tensión escale. De ese encuentro participaron el ministro de Infraestructura Sergio Camacho, el senador Mashur Lapad; el intendente de Rivadavia Banda Sur Rogelio Nerón; los diputados Moisés Balderrama y Rogelio Segundo; el secretario de Asuntos Indígenas y Desarrollo Comunitario y el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Luis Gómez Almarás y Francisco Ariel Sánchez, entre otros.
Como resultado de esa reunión, el ministro Sergio Camacho comunicó ayer a los representantes de organizaciones criollas e indígenas del lugar el arribo del Subjefe de la Policía para desplegar las tareas ya mencionadas. Todo en el marco de las tensiones que protagonizan las partes en ese poblado del municipio de Santa Victoria. Uno de los episodios más violentos registrados en lo que va de año fue el incendio de una casilla señalada por las comunidades wichís como un lugar donde se vendían drogas y alcohol a menores de edad. También se lo asociaba a un lugar de explotación sexual a niñas y adolescentes originarias.
El Ministerio de Seguridad dispuso reforzar el servicio de seguridad ciudadana en Alto La Sierra con mayor presencia policial y la incorporación de movilidad para el desplazamiento policial en zonas de difícil acceso. Según el anuncio original, se había incorporado una moto. Durante la semana se anunció además que se intensificarán los patrullajes y controles, especialmente en locales de expendio de bebidas alcohólicas.
Las partes en pugna en esa localidad del norte salteño también demandan que se delimiten las tierras que uno y otro sector señalan como propias. La sección local del diario Página 12 recordó que el Estado argentino y la provincia, están obligados a llevar a cabo esta delimitación, “en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso conocido como Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) porque fue instado por esta Asociación de Comunidades Aborígenes. Por ahora no se logró avanzar hasta la mensura de las tierras que corresponden a cada sector poblacional”.
