Dijo que la investigación ya está avanzada.
La investigación por el asesinato de Rosa Sulca sigue adelante y se encuentra en una etapa avanzada, según definió la fiscal Verónica Simesen, quien agregó que pedirá el juicio a todos los policías implicados.
FM Profesional informó que tras confirmarse todas las imputaciones a fines de la semana pasada, la investigación se centra en los dos agentes que llegaron al domicilio tras el llamado al 911, al Jefe del CCO, al operador civil que recibió el llamado, al supervisor del mismo, al Jefe de despacho policial en turno y a otros dos efectivos.
Simesen dijo que el próximo paso a seguir sería «formular la requisitoria a juicio» y destacó que no hay más información que recabar, ya que toda la documentación requerida está incorporada.
Los imputados
Antonio Sanhueso y Juan Carlos Vizgarra: son los dos policías de la Comisaría del barrio que llegaron hasta la casa de la víctima pero como no respondía se fueron sin verificar el estado en que se encontraba.
El despachante policial Héctor Roberto Herrera: imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, «por incumplir deliberadamente las obligaciones a su cargo consistentes en informar al Jefe de turno y al Supervisor sobre la emergencia en la cual una persona solicitaba auxilio (…) ya que al ser la persona que tuvo contacto directo con los policías que fueron al domicilio de la víctima, no dio cumplimiento a las previsiones legales».
El jefe de Despacho de Emergencias Policiales, Gustavo González: jefe de Despacho de Emergencias Policiales, imputado por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte en concurso real, «por omitir dar cumplimiento a sus funciones al no haber asignado otros recursos para verificar un incidente de tal magnitud, contando con la posibilidad cierta de escuchar el audio (de la llamada) para tomar una decisión en orden a la asignación correcta».
El supervisor de Despacho, Normando Domingo Corbera: supervisor de Despacho, fue imputado por los mismos delitos que González.
Pablo Ezequiel Bisón Enríquez es uno de los civiles imputados. Es operador del área de Demanda Ciudadana del 911 y fue el que atendió el pedido de auxilio de Sulca. En su caso, los fiscales le atribuyen haber incurrido en incumplimiento de sus deberes de funcionario público, porque «en su calidad de agente integrante del Sistema de Emergencias 911 (…) omitió dar la importancia que revestía la llamada clara de emergencia, y que con una conducta omisiva puso en peligro concreto la vida de una persona al no desplegar una conducta activa que pudo evitar el resultado lesivo».
Marcelo Rubén Tintilay Cordeyro, es el otro civil imputado. Es el supervisor del área Demanda Ciudadana del 911 y los fiscales lo acusaron por incumplimiento de los deberes de funcionario público y abandono de persona seguido de muerte, «toda vez que, encontrándose a su cargo el contralor de las actividades llevadas a cabo por el operador, incumplió deliberadamente las obligaciones a su cargo al retirarse de su puesto de trabajo por un lapso de 30 minutos sin que otra persona supervisara las actividades, lo que conllevó al peligro concreto hacia la vida de extinta».
