Comunidades wichís y Greenpeace responsabilizan a las fincas “Tonono” de Martín Morales; “Alcoba” de la empresa Desdelsur y “Caraguatá” de Estancia Tres Lagunas.
Durante el fin de semana la organización ambientalista documentó cómo dos topadoras destruyeron con inmensas cadenas, unidas a dos topadoras, el bosque y territorio wichís sobre la ruta 86 en las cercanías de Tartagal. Las comunidades, por su parte, también denunciaron desmontes en Pozo Nuevo que, junto a Tonono, estaban categorizadas como “zona amarilla”, lo que impedía que se avanzara con el desmonte. Sin embargo, a fines de 2024, hubo una reforma al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Salta por lo que pasaron a categoría “amarillo oscuro”. Esto permite que hacer cambios en el uso del suelo, según explicó el sitio Economía Sustentable.
Las comunidades y la organización aseguraron que a raíz de esos cambios en los últimos dos meses tumbaron más de 3.300 hectáreas de bosques nativos. Los denunciantes identificaron a las fincas responsables: “Tonono” de Martín Morales; “Alcoba” de la empresa Desdelsur S.A., propiedad de las familias Macera y Blaquier; y “Caraguatá”, de la empresa agropecuaria Estancia Tres Lagunas S.A. “Es evidente la complicidad del gobierno de Sáenz frente a este ecocidio que implica arrasar con bosques y con el territorio y sustento de diez comunidades wichí”, manifestó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
Quien también habló ahora es Basilia Pérez, referente wichí y viuda del fallecido antropólogo John Palmer. Como otros miembros de la comunidad, Basilia documentó con fotos y videos la imagen de lo que ocurre: árboles tumbados, panales y nidos destrozados, plantas de chaguar arrasadas por el cadeneo: “Necesitamos que pare el desmonte”, declaró a la sección local del diario Página 12. “Acá están muchos árboles muertos. Los árboles tienen dueño y el aire se contamina cuando hay fumigaciones, porque después van a fumigar la cosecha que nosotros no conocemos”, agregó.
En algunas poblaciones, la situación desigual empuja a los habitantes a aceptar el desmonte a cambio de un pozo de agua. Es lo que ocurrió con la comunidad de Arenales, una de las poblaciones de la ruta 86 afectadas por el desmonte. “Sus habitantes deben trasladar agua potable unos 40 kilómetros por la falta de acceso a una fuente más cercana. Con el agravante de que los bidones que se usan para contener el agua antes contuvieron agrotóxicos. A la zona no llegaron los tan esperados bidones donados por UNICEF para que las comunidades accedieran a agua segura” destacó el medio citado.