El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta alerta sobre un profundo deterioro institucional ante la intención de la Cámara de Diputados de reelegir a directivos bajo sospecha e incorporar profesionales sin antecedentes técnicos acreditados. El organismo exige transparencia urgente en las designaciones para la Auditoría General de la Provincia.
El FOCIS criticó la propuesta legislativa de reelegir a Gustavo Ferraris, auditor que ya cumplió su mandato y formó parte de la gestión que permitió la desaparición de U$S 250 millones del Fondo de Reparación Histórica, según señaló el organismo en su análisis sobre las designaciones. La medida contradice el artículo 169 de la Constitución Provincial, reformada en 2021, que prohíbe la reelección de auditores.
La Auditoría General emitió su dictamen casi diez años después de los hechos relativos al Fondo de Reparación Histórica, asignado a obras en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. El informe no reflejó la magnitud de los fondos públicos involucrados ni esclareció el destino de los U$S 250 millones que se «esfumaron» sin dejar rastro, mientras que las pocas obras ejecutadas carecieron de documentación respaldatoria.
Otra cuestión que recalcan es que el exgobernador Juan Manuel Urtubey continúa sin responsabilidad legal en relación con el desaparición de esos recursos. Los legisladores provinciales no han proporcionado argumentos públicos sobre por qué consideran al abogado Miguel Nanni, afiliado al radicalismo, apto para la función de auditoría, que demanda conocimientos técnicos especializados más allá de un título de grado.
A todo esto suman la falta de antecedentes técnicos publicados sobre Nanni y la ausencia de transparencia en su designación cuestionan la capacidad del órgano para investigar futuras irregularidades en la inversión pública. Las designaciones propuestas generan dudas sobre la independencia de la Auditoría frente a consideraciones políticas.
Lo que se encuentra en disputa es la integridad de un organismo esencial para el control del Estado y la debida utilización del dinero público provincial, según señalaron desde el organismo. El FOCIS exige que estos espacios dejen de utilizarse como moneda de cambio político.