El informe final detectó irregularidades en el uso de cerca de 200 millones de dólares de deuda externa contraída en 2012. El documento fue remitido a la Comisión Bicameral tras cinco años de trabajo de un equipo de más de 15 profesionales.
El informe final de la auditoría sobre el Fondo de Reparación Histórica (FRH) de Salta expone que, de 176 obras programadas con financiamiento internacional, 92 —el 52%— no fueron concluidas con los recursos del endeudamiento. Solo 84 proyectos llegaron a término.
Desde el punto de vista financiero, el 76% de los fondos —equivalente a $796.196.889,44— se destinó a obras que terminaron paralizadas, en ejecución por tiempo indeterminado o rescindidas sin cierre formal. El 24% restante, unos $251.822.368,44, financió obras efectivamente terminadas.
El documento fue elaborado por el área a cargo del auditor Marcos Segura Alzogaray y encontró la disidencia del presidente de la Auditoría General de la Provincia (AGP), Gustavo Ferraris, quien suscribió una extensa resolución conjunta con críticas al trabajo del equipo. Ferraris sostuvo que la auditoría fue «superficial, deficiente y desnaturalizada»; Segura Alzogaray respondió que se trató de una «auditoría financiera» y no una de «gestión».
Entre los señalamientos centrales de Ferraris figura la ausencia de análisis sobre la actuación de inspectores de obra, la calidad de los informes técnicos, la trazabilidad entre documentos y certificados, y la respuesta ante paralizaciones o desvíos contractuales. «Cuando el desvío afecta a la mayoría del universo, la lógica técnica impone intensificar procedimientos, profundizar análisis causal y evaluar impacto financiero agregado», afirmó el funcionario.
El informe también documenta anticipos financieros pagados con años de demora en el inicio efectivo de las obras. En el caso de las redes cloacales de Orán, se abonó un anticipo equivalente a 293.178 dólares el 29 de diciembre de 2014, y el primer certificado de obra se registró recién el 16 de mayo de 2019, 1.599 días después. En Rivadavia y La Unión, la brecha fue de 847 días entre el anticipo de 248.335 dólares y la primera certificación.
Nueve casos fueron identificados como anticipos sin ejecución física alguna. Entre ellos, el centro de salud del barrio Taranto de Orán, con un anticipo de 54.054 dólares pagado en agosto de 2013; la planta depuradora de Hipólito Yrigoyen, con 300.399 dólares abonados en diciembre de ese año; y pozos de bombeo en la zona de Solazuty, con un anticipo de 71.280 dólares, ninguno de los cuales registró trabajos posteriores.
El informe señala además que la devolución de esos fondos a la Provincia por parte de las contratistas se acordó a valores históricos, mientras que las redeterminaciones de precios en favor de las empresas se ajustaron según índices inflacionarios, en detrimento del erario público.
Según publicó El Tribuno, el informe final fue dado a conocer y remitido a la Comisión Bicameral, instancia que deberá evaluar las conclusiones de una auditoría que insumió cinco años de trabajo y cuyas primeras 48 páginas de resolución conjunta concentran las críticas al equipo auditor, mientras las últimas veinte recogen la defensa de Segura Alzogaray.