Los mismos cubrirían un área de 5872 kilómetros. Los explosivos se detonaban en pozos de unos 50 centímetros para generar ondas sísmicas que permitían a sensores especiales determinar la posible presencia de petróleo.
La zona en donde abundan esos explosivos sin desenterrar es el corredor que circunda la ruta 34. En zonas cercanas a las ciudades de Ledesma (Jujuy), más Orán y Tartagal en el norte de Salta. “Entre fines de los 70 y principios de los 80 se enterraron miles de boosters sísmicos para identificar reservas de petróleo. Se trata de pequeñas minas con 300 gramos de explosivos (60% TNT y 40% pentrita), que explotan ante una descarga eléctrica. Desde entonces, siguen en el terreno. La población se fue expandiendo sobre tierras peligrosas”, indica el informe del periodista Diego Cabot publicado en La Nación.
A la hora de describirlos, Cabot precisa que los boosters son dispositivos plásticos de entre 25 y 35 cm de largo, con un peso aproximado de 450 g. y que en su interior tienen cables para conectar a un detonador que, al activarse, hace explotar una carga de 300 gramos de TNT. Los explosivos eran utilizados por YPF para mapear el subsuelo norteño y conocer si había o no petróleo.
“El mecanismo es simple y aún se usa en lugares de difícil acceso. Cada una cantidad de metros determinada, entre dos y 25 generalmente, se coloca carga explosiva sobre las líneas trazadas. Luego se detonan a fin de generar ondas de choque en el subsuelo. Esos datos se colectan en sofisticados aparatos que permiten saber si podría existir petróleo o gas bajo tierra”, describe el informe. El problema fue que durante la ejecución de esos trabajos, quedaron sin detonar boosters de distintos proyectos. En aquellos años, las rejillas trazadas estaban alejadas de las zonas urbana, pero desde entonces la urbanización creció y las líneas sísmicas quedaron en zonas pobladas.
Una de las preguntas claves que el informe trata de responder es sobre cuantos booster quedan sin detonar. “Nadie lo sabe con certeza”, destaca el autor de la nota para luego agregar lo siguiente: “Hay un número que da vueltas en la Justicia. En una medida cautelar que promovió el gobierno de Jujuy, estimaron que en esa provincia ´habría 77.284 cargas explosivas´ sembradas en una superficie que ronda las 206.340 hectáreas, sobre alrededor de 2000 kilómetros lineales. De Salta no hay datos ni estimaciones pero, de acuerdo a los viejos mapas, serían muchos más. Al menos tres o cuatro veces más. Según la información del gobierno de Jujuy, en Salta habría 150.000 explosivos colocados en un área de 5872 kilómetros”.
“En los últimos años la peligrosidad se hizo más evidente. Las alarmas se encendieron con los incendios forestales de 2022. En la zona de Caimancito, sobre la ruta 34, el fuego arrasó con miles de hectáreas. Mientras las llamas devoraban la vegetación en el suelo, empezaron a explotar los boosters. La situación llegó al extremo de que los brigadistas, ante una eventual detonación sin control, decidieron retirarse del territorio. Fue entonces cuando el estado provincial jujeño se presentó a la Justicia y pidió una medida cautelar para que Nación o YPF ejecuten una acción”, destaca el informe.
La acción judicial tuvo sus idas y vueltas. Pero lo cierto es que recién en 2025 una compañía con base en Mozambique, pero de capitales ingleses, fue contratada por YPF para rastrillar las miles de hectáreas minadas. Se trata de The Development Initiative, TDI, que destinó tres dotaciones (una en Ledesma, otra en Orán y la tercera en Tartagal) y unos 100 hombres para recorrer uno por uno aquellos caminos en busca de explosivos.
Las historias de las explosiones de boosters no se reducen a anécdotas. En agosto del año pasado, el operario Henry Douglas Macharaga de Zimbabwe murió cuando desarrollaba su tarea. Debía conectar el booster a un cable y regresar con el resto del equipo. Pero el artefacto explotó en sus manos. El trágico representó el eslabón más trágico de una cadena que también involucra a ciudadanos de a pie.
“En 2009 una importante cantidad de cargas explosivas emergieron del agua y del barro, luego del alud que afectó a la comunidad de Tartagal. En 2013, en la misma localidad, una moto activó una carga sísmica, que luego de explotar despidió a su conductor a varios metros de su vehículo. En 2015, también en Tartagal, un gendarme perdió una mano y resultó gravemente herido luego de detonar una carga sísmica. Más recientemente, en enero de 2022, una familia que se desplazaba en su auto fue víctima de otra detonación, en la parte delantera del vehículo, al colisionar con uno de estos explosivos. Los incendios forestales refrescaron los recuerdos sobre la presencia de estos boosters. En 2022, se registraron 13 detonaciones dentro del territorio de la Comunidad Kolla Tinkunaku, en el municipio de San Ramón de la Nueva Orán, en medio de las llamas”, reconstruye el informe.
“Otro episodio inquietante: los expertos de Mozambique llegaron hace poco tiempo a un campo de Tartagal con la información de la existencia de un booster, se presentaron y hablaron con el dueño del terreno, quien se resistió a que registraran sus tierras. Dijo que hacía décadas que cultivaba y pasaba el arado. Finalmente accedió. Al activar los sistemas de localización, los empleados de la cuadrilla se encontraron con 80 boosters juntos enterrados, lo que significa 24 kilos de explosivos. Los detonaron a tiempo”.