El fallo fue unánime y dejó sin efecto el planteo de la defensa, que reclamaba una condena de 10 años por considerar que no hubo violencia de género. El hecho tuvo lugar en agosto de 2023 en el barrio privado de la zona oeste alta salteña.
José Eduardo Figueroa, de 46 años, fue condenado este jueves a cadena perpetua por el femicidio de su esposa Mercedes Kvedaras, de 37, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal de la ciudad de Salta. El tribunal colegiado integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans resolvió por unanimidad.
El caso generó repercusión en la provincia desde el momento del hecho, cuando Kvedaras fue encontrada sin vida dentro de un vehículo en una calle interna del barrio cerrado, mientras su esposo presentaba heridas en el cuello y fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo. La autopsia determinó que la víctima murió por asfixia mecánica mixta, producto de estrangulamiento y sofocación combinados.
El fallo encuadró el hecho como homicidio doblemente calificado por el vínculo conyugal y por mediar violencia de género. La fiscalía, a cargo de Luján Sodero Calvet de la Unidad de Femicidios, había solicitado esa pena en los alegatos del día previo, pedido al que adhirió la querella representada por Jorge Ovejero y Carlos Oliver. La defensa, en cambio, había descartado el agravante de género y reclamado una condena de 10 años.
Figueroa permanecerá alojado en la Unidad Carcelaria 1, donde deberá continuar el tratamiento psicológico y psiquiátrico que ya venía realizando. El tribunal ordenó también la extracción de muestras genéticas para su inscripción en el banco de datos correspondiente.
En relación a los hijos menores de la pareja —representados durante el proceso por la asesora de Incapaces Martha Bustos— los jueces instruyeron al Juzgado Civil, de Personas y de Familia para que se mantenga la suspensión del régimen de comunicación entre el condenado y los niños. Además, se ordenó remitir copia de la sentencia al Registro Civil para instrumentar la privación de la responsabilidad parental, conforme establece la ley.
El tribunal rechazó el pedido de indemnización por daño patrimonial y moral para las víctimas indirectas, formulado tanto por la fiscalía como por la defensoría, aunque dejó abierta la vía civil para eventuales reclamos. De acuerdo con lo informado por el Poder Judicial de Salta, los jueces también ordenaron remitir a la fiscalía de zona copia de las actas de debate y los informes periciales, ante la posible comisión de un delito por parte de dos testigos ofrecidos por la defensa: un médico legal y un licenciado en Criminalística.