Aunque el fallo tiene validez sólo en esa provincia puede servir como precedente para otras medidas cautelares. Nuestra provincia también decidió llevar a la Justicia lo actuado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El Juzgado Federal N° 2 de Catamarca hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a la ANDIS restablecer, en un plazo de 24 horas la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez que se suspendieron en la provincia y que pague los haberes retenidos a sus titulares. El fallo también prohibió al organismo continuar con las auditorías basadas en la normativa cuestionada y disponer nuevas suspensiones hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.
La acción de amparo fue presentada por la Asociación de Personas y Familiares de Discapacitados Motores, ciudadanos por derecho propio y el Defensor del Pueblo de Catamarca. En esa provincia la baja de pensiones comenzó en julio y los titulares de las mismas se enteraron de la interrupción directamente por la falta de pago de sus haberes.
Aunque el fallo tiene validez sólo en esa provincia puede servir como precedente para otras medidas en otras provincias. En ese marco, conviene recordar que la provincia de Salta también judicializó lo dispuesto por el gobierno nacional en materia de pensiones por discapacidad.
El encargado de impulsar la demanda contra el Estado y la Andis fue el Fiscal de Estado, Juan Agustín Pérez Alsina que también pidió una audiencia pública para exponer el caso y buscar una mediación. A través del amparo Salta pidió restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez. Argumenta que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado Nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema.
Además, reclamó el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas. El gobierno salteño denunció en el escrito que los procedimientos fueron “arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales”, y destaca que la Andis se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones. Entre las anomalías denunciadas, se mencionan la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional.