Las denuncias por violencia de género quedan sin respuesta y los detenidos recuperan la libertad en horas. En los hospitales, jóvenes indígenas son maltratadas por el personal de salud cuando van a parir.
Mujeres de comunidades originarias del Chaco salteño describieron a la prensa un escenario de violencia institucional sostenida: la justicia no responde a sus denuncias, los hospitales las discriminan y la crisis económica las empujó a reforzar sus prácticas medicinales ancestrales.
Como señalan en el artículo recientemente publicado por la sucrusal del diario Página12 en Salta, cuando una mujer logra romper el silencio, el sistema suele fallar. Mónica Medina relató que tras llamar al 911 y radicar una denuncia en la Comisaría 42 de Tartagal, el resultado es siempre el mismo: «La policía lo lleva a la persona, pero aparece después de 3, 4 horas. Lo detienen, lo sueltan otra vez y sigue igual. Como que la mujer no tiene validez, parece».
Fabiola Benítez, del Pueblo Chorote, vive en una comunidad a orillas del río Pilcomayo, en la frontera con Bolivia y Paraguay. Describió el miedo que paraliza a muchas mujeres ante la idea de denunciar: «Las mujeres originarias muchas veces no se toman ese atrevimiento de hacer una denuncia, porque es como que queda ahí y no se está tomando en verdad lo que una cuenta, lo que pasa». También señaló que los abusos sexuales perpetrados por criollos contra mujeres indígenas no llegan a instancias judiciales: «Su palabra no vale».
Aunque Salta mantiene vigente la emergencia por violencia de género desde 2014, no existen registros públicos que indiquen cuántas denuncias corresponden a mujeres de comunidades indígenas, pese a los reclamos reiterados de organizaciones territoriales. Ante ese vacío, algunas mujeres comenzaron a organizarse. «No es fácil hablar, pero siempre está la idea de romper el miedo y que nuestras voces sean escuchadas», afirmó Benítez. Entre sus antecedentes reivindican la denuncia colectiva impulsada en 2022 por la referente wichí Octorina Zamora, fallecida ese mismo año.
Por otra perte, en el Hospital Público Juan Domingo Perón de Tartagal, Medina, de la comunidad wichí El Quebracho, denunció violencia obstétrica contra adolescentes indígenas: «Cuando las chicas de 15 o 16 años van a dar a luz, les gritan. Les dicen que se aguanten. Ningún médico puede levantar la voz a una mujer que está pariendo, pero aquí pasa». Aunque el establecimiento cuenta con una Oficina de Salud Intercultural con facilitadores bilingües, los testimonios recogidos por Salta12 indican que ese acompañamiento no se cumple en la práctica.
La crisis económica agravó el acceso a medicamentos. «Estamos en el año en el que más sufrimos ahora. Porque hay que pagar los medicamentos», sostuvo Medina. Frente al abandono estatal, las comunidades reforzaron sus saberes ancestrales: «Acudimos a nuestras medicinas ancestrales. Si un niño tiene diarrea o fiebre, buscamos las plantas del monte y las preparamos». Entre sus demandas históricas figura contar con parteras indígenas y garantizar que los partos hospitalarios sean acompañados por personas que hablen su lengua y compartan su cosmovisión.