UNICEF, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Nutrición rechazaron el proyecto. Los especialistas alertaron sobre las presiones de la industria alimenticia y destacaron beneficios de la ley para el equilibrio fiscal.
Los tres organismos se expresaron en contra del proyecto de ley que Javier Milei impulsa en el Senado para derogar la ley de Etiquetado Frontal de alimentos, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández. Rafael Ramírez, representante de UNICEF Argentina, expresó que la iniciativa busca que «haya plena conciencia de la decisión que se está tomando».
El encuentro, denominado Entornos alimentarios saludables para niños, niñas y adolescentes, analizó el impacto de la normativa que obliga a los productores de alimentos y bebidas empaquetadas a incorporar octógonos de color negro en sus envases para advertir sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías.
Mauro Brero, asesor Senior en Nutrición de UNICEF, subrayó que entre 2000 y 2025 se triplicó el número de niños con obesidad a nivel mundial, y que 2025 marca un punto de inflexión: por primera vez hay más menores con obesidad que con bajo peso. El especialista identificó como principales causas la oferta excesiva de productos no saludables y la información asimétrica en los envases.
Según indicó Brero, un estudio elaborado en México demostró que los alimentos poco saludables, aunque representan un negocio para la industria, generan un costo para el presupuesto público. En promedio, un niño con obesidad le implica al Estado un gasto de aproximadamente U$S 200.000 a lo largo de su vida, como publicó Ámbito. El especialista destacó que «se necesitan leyes para proteger la buena alimentación».
Brero alertó sobre el lobby y las interferencias de la industria alimentaria y de bebidas. «Unicef aboga para que la industria no interfiera en políticas públicas», manifestó. Fuentes de Casa Rosada reconocieron a este medio que el impulso de la iniciativa tiene vinculación directa con las presiones de ese sector, históricamente opuesto a la medida.
Gabriela Pacheco, de la Sociedad Argentina de Nutrición, señaló que «toda ley es perfectible, no apoyamos la derogación» e identificó puntos mejorables en la normativa, como reforzar la educación alimentaria más allá del ámbito escolar. María Araujo, de la Sociedad Argentina de Pediatría, subrayó que «el etiquetado es valorado como una herramienta útil» por las familias, aunque es necesario fortalecer la educación en nutrición.
Araujo también indicó que el impacto de la ley depende de la regulación y el control de su cumplimiento. Señaló que en la mayoría de las provincias «no se cumple en kioscos escolares», donde se siguen vendiendo productos con sellos de advertencia tanto en establecimientos públicos como privados. El proyecto continúa sin avanzar en el Senado, donde el oficialismo prioriza actualmente la reforma política.